La Corte Suprema de Justicia rechaza excepciones y habilita sentencia en el juicio por torturas de ex policías stronistas

La Corte Suprema de Justicia rechaza excepciones y habilita sentencia en el juicio por torturas de ex policías stronistas

Un fallo clave tras casi cinco décadas: la Corte habilita que se dicte sentencia en un caso de torturas cometidas durante la dictadura

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay rechazó por unanimidad, en la tarde de este lunes 2 de febrero de 2026, las dos excepciones de inconstitucionalidad que estaban frenando el avance del juicio oral contra los ex policías Eusebio Torres, Fortunato Laspina y Manuel Crescencio Alcaraz, acusados de torturas durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954‑1989). Con este pronunciamiento, los jueces del Tribunal de Sentencia quedan habilitados para emitir una sentencia definitiva en el proceso.

Qué rechazó la Corte y por qué era clave para el juicio

La defensa de los tres ex agentes había planteado dos excepciones alegando que:

No se puede aplicar retroactivamente la normativa vigente, en especial el artículo 5 de la Constitución Nacional sobre la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad, y el artículo 309 del Código Penal, modificado en 2012.
Además, cuestionaron la aplicación de varios tratados internacionales sobre derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre la imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Los ministros César Diesel, Víctor Ríos y el camarista Carlos Escobar, en votación unánime, rechazaron esos planteos. En su análisis, los magistrados señalaron que la figura de excepción de inconstitucionalidad está pensada para impugnar normas de jerarquía inferior en el ordenamiento jurídico y no puede ser usada contra procesos penales ni contra la propia Constitución. También aclararon que cuestiones como la retroactividad de la ley deben ser analizadas dentro del proceso ante los jueces encargados del juicio, y no en la Corte.

Defensas insistían en la retroactividad de la ley penal

En la jornada previa, la defensa de Eusebio Torres insistió ante el Tribunal de Sentencia en que no se puede aplicar de forma retroactiva el Código Penal y su modificación de 2012, porque durante los hechos denunciados (1976‑1978) regía una normativa anterior que castiga lesiones con penas menores. Argumentaron además que la fiscalía pretende usar leyes posteriores a los hechos imputados, lo cual contravendría principios del derecho penal clásico.

Por su parte, el Ministerio Público se basó en que, tratándose de delitos de lesa humanidad como la tortura, la ley actual puede aplicarse retroactivamente, tal como lo reconocen estándares internacionales de justicia transicional y jurisprudencia comparada en materia de crímenes atroces.

Audiencia para sentencia ya está programada

Con el rechazo de las excepciones, los jueces Héctor Fabián Escobar, Carlos Hermosilla y Juan Pablo Mendoza podrán avanzar a la etapa de sentencia en el juicio oral, que estaba paralizada desde hacía días por los recursos presentados por las defensas. La audiencia para dictar sentencia fue fijada para el próximo jueves 5 de febrero a las 08:30 horas.

Contexto histórico y relevancia del caso

El juicio se centra en hechos de tortura cometidos en un período clave de la dictadura stronista, que gobernó Paraguay con mano dura desde 1954 hasta 1989.
Las acusaciones responden a denuncias de víctimas que sobrevivieron a apremios ilegítimos en dependencias policiales, y este juicio es parte de procesos tardíos, pero considerados de gran importancia para la justicia de crímenes de lesa humanidad.

Crisis judicial y debates sobre la aplicación de la ley

Este caso se da en medio de un debate más amplio sobre cómo aplicar normas modernas a hechos ocurridos décadas atrás, especialmente en casos de derechos humanos. Juristas y defensores observan que la Corte tiene criterios estrictos sobre los límites del control de constitucionalidad, y que este fallo puede sentar pautas sobre cómo se revisan excepciones en otros procesos de lesa humanidad en Paraguay.