Juicios masivos en El Salvador desatan denuncias por falta de garantías
Abogados defensores y organizaciones de derechos humanos cuestionan los procesos contra detenidos durante el régimen de excepción. Denuncian dificultades para acceder a expedientes, pruebas policiales difíciles de verificar y escaso margen para ejercer la defensa.
Los procesos judiciales contra miles de personas detenidas durante el régimen de excepción en El Salvador enfrentan nuevos cuestionamientos. Abogados que participan en las causas denuncian serias limitaciones para ejercer la defensa y sostienen que las condiciones favorecen las condenas.
Los señalamientos surgen mientras el país avanza con juicios colectivos contra personas acusadas de pertenecer o colaborar con estructuras criminales, una pieza central de la estrategia de seguridad impulsada durante el gobierno de Nayib Bukele.
Más de 92.000 detenidos durante el régimen de excepción
La medida extraordinaria, instaurada en 2022 en medio de una ofensiva contra las pandillas, ha dejado más de 92.000 capturas, según los datos citados en el material analizado.
Aunque el Gobierno salvadoreño sostiene que su política permitió reducir drásticamente la violencia vinculada a las pandillas, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado durante estos años detenciones arbitrarias y vulneraciones de garantías procesales.
Gran parte de los procesos judiciales permanece bajo reserva, lo que dificulta conocer públicamente cómo se desarrollan las causas.
Cuatro expedientes reúnen a 1.226 procesados
La documentación periodística examinada incluye cuatro acusaciones de la Fiscalía que abarcan a 1.226 personas. De ellas, 134 están acusadas de Organizaciones Terroristas y otras 1.092 de Agrupaciones Ilícitas.
Los detenidos incluidos en estos expedientes fueron capturados entre marzo de 2022 y mayo de 2023 y llevan entre tres y cuatro años en prisión preventiva, de acuerdo con la investigación.
Un dato particularmente relevante es que, entre los 1.226 casos revisados, solamente dos capturas habrían ocurrido mediante una orden de detención o después de una orden judicial de allanamiento.
Las fichas policiales quedan en el centro de la polémica
Uno de los principales cuestionamientos apunta a las llamadas fichas policiales. Según los expedientes y testimonios recogidos, en numerosos casos los detenidos aparecían registrados en sistemas policiales como supuestos pandilleros o colaboradores.
Los abogados cuestionan que esas fichas sean utilizadas como elementos fundamentales sin que, según sus testimonios, puedan determinar con precisión cuándo fueron creadas o verificar técnicamente su origen.
Defensores entrevistados aseguran haber solicitado peritajes para establecer la fecha de elaboración de determinados registros, pero afirman que sus pedidos fueron rechazados.
Testigos protegidos y fotografías
Los abogados sostienen que muchas acusaciones se apoyan principalmente en tres elementos: los registros policiales, la declaración del agente que realizó la captura y el testimonio de personas protegidas que identifican al acusado como integrante o colaborador de una pandilla.
Uno de los defensores afirma incluso que un mismo testigo puede identificar a cientos de personas mediante fotografías proporcionadas por la Fiscalía.
Estas prácticas son cuestionadas por las defensas, que reclaman mayores posibilidades de verificar las pruebas y confrontarlas durante el proceso.
Abogados denuncian dificultades para defender a sus clientes
Otro punto de conflicto es el acceso a la documentación. Los defensores consultados aseguran que no siempre reciben el expediente completo y que, en determinados casos, conocen detalles de la acusación apenas uno o dos días antes del juicio.
También denuncian dificultades para presentar testigos de descargo. Según sus testimonios, algunas personas desisten de declarar por temor a ser vinculadas con estructuras criminales por el simple hecho de comparecer en favor de un acusado.
Los abogados entrevistados solicitaron mantener sus identidades en reserva debido al temor a posibles represalias.
Cristosal cuestiona las garantías procesales
La organización de derechos humanos Cristosal también sostiene que las condiciones actuales reducen considerablemente las posibilidades de una defensa efectiva.
Sus abogados cuestionan la actuación de los jueces y sostienen que existe un desequilibrio entre las herramientas disponibles para la Fiscalía y aquellas que pueden utilizar los representantes de los acusados.
Algunos penalistas consultados aseguran incluso haber decidido no asumir casos relacionados con el régimen de excepción porque consideran que existen pocas posibilidades de conseguir una absolución durante esta etapa.
Un sistema paralelo para revisar casos
La investigación también recoge declaraciones de Ibrajim Bukele, hermano del presidente, quien afirmó en abril que existe un “equipo independiente” dentro del Gobierno encargado de revisar individualmente casos de detenidos.
Según esas declaraciones, el grupo trabaja con la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, Centros Penales y miembros del despacho de la primera dama, Gabriela de Bukele. Ibrajim Bukele no ocupa un cargo oficial dentro del Gobierno ni del sistema judicial.
La existencia de ese mecanismo genera interrogantes debido a que las decisiones sobre la libertad de una persona corresponden normalmente al ámbito judicial.
El Gobierno mantiene su estrategia contra las pandillas
La administración de Bukele ha defendido reiteradamente el régimen de excepción como una herramienta fundamental para desarticular a las pandillas y recuperar territorios que durante años estuvieron bajo control criminal.
Las denuncias, sin embargo, han llevado la discusión más allá de los resultados de seguridad y hacia una cuestión central para el Estado de derecho: qué garantías reciben las personas acusadas y cómo se determina individualmente su responsabilidad.
Según el material proporcionado, la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia fueron consultadas sobre varios de estos cuestionamientos, pero no ofrecieron respuesta.
Con miles de personas todavía procesadas, los juicios masivos abren una nueva etapa del régimen de excepción. La discusión ya no se concentra únicamente en las detenciones, sino en cómo El Salvador juzgará individualmente a decenas de miles de acusados sin sacrificar las garantías fundamentales del debido proceso.
Fuente: EL PAÍS
