Juicio político: los cinco argumentos centrales por los que Diputados busca acusar a Santiago Peña
El pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña se sustenta en cinco causales vinculadas a presuntos conflictos de intereses, el manejo de fondos del IPS, operaciones de ueno bank, la evolución patrimonial del mandatario y el impacto de la crisis en la confianza del sistema financiero.
La Cámara de Diputados analiza este jueves, en una sesión extraordinaria, el proyecto de resolución que plantea la formulación de una acusación en juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña Palacios, conforme al artículo 225 de la Constitución Nacional.
La iniciativa, impulsada por legisladores de distintos sectores de la oposición y también por diputados disidentes, expone cinco ejes principales que, según los proyectistas, podrían configurar causales de mal desempeño de funciones.
El documento busca establecer qué grado de responsabilidad, intervención u omisión pudo haber tenido el jefe del Poder Ejecutivo en una serie de hechos relacionados principalmente con el escándalo que involucra a ueno bank y sus vínculos con el presidente.
Estos son los cinco argumentos centrales de la acusación.
1. Conflictos de intereses e injerencia en el IPS
El primer eje de la acusación se centra en presuntos conflictos de intereses, una supuesta cooptación de instituciones del Estado y modificaciones regulatorias que, según los diputados impulsores, habrían beneficiado a ueno bank.
Entre los elementos mencionados se encuentra la declaración patrimonial presentada por Santiago Peña ante la Contraloría General de la República, en la que consignó acciones con un valor nominal de G. 6.144 millones en Ueno Holding SAECA. Para los legisladores, esta situación plantea la necesidad de analizar la existencia de un posible conflicto de intereses.
La acusación también menciona la designación de altos funcionarios que anteriormente tuvieron vínculos laborales o profesionales con empresas relacionadas con el entorno económico del mandatario.
Entre los nombres citados figuran Carlos Carvallo, quien recientemente dejó la presidencia del Banco Central del Paraguay tras el escándalo de ueno bank; el ex ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos; Juan Manuel Gustale, quien ocupó distintas funciones previamente en la banca matriz; y Diego Duarte Schussmuller, ex consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y ex asesor del entonces Ministerio de Hacienda.
Otro de los cuestionamientos apunta a una presunta injerencia indebida del Poder Ejecutivo en el Instituto de Previsión Social. Los proyectistas sostienen que los cambios introducidos en las reglas de inversión de la previsional habrían favorecido a ueno bank y pudieron incidir en el funcionamiento y destino de los recursos administrados por la institución.
Por estos hechos, los diputados plantean la posible existencia de un mal desempeño de funciones.
2. La concentración de fondos previsionales en ueno bank
El segundo punto se refiere a la concentración de recursos del Instituto de Previsión Social y al presunto sobrepaso de los límites aplicables a las inversiones.
Según el documento presentado ante la Cámara de Diputados, ueno bank comenzó a aparecer en el sistema de inversiones del IPS en septiembre de 2023. Para noviembre de ese mismo año, cuando la entidad se convirtió en banco, las inversiones ya alcanzaban G. 80 millones.
La cifra continuó creciendo y, para marzo de 2024, llegó a G. 346.500 millones. De acuerdo con los cálculos expuestos en la acusación, durante un periodo de 20 meses el crecimiento de los fondos destinados a la entidad alcanzó un 3.035%.
Los legisladores remarcan que los recursos previsionales tienen como objetivo garantizar el pago de futuras jubilaciones y, por esa razón, deben administrarse bajo criterios de máxima prudencia.
En ese contexto, advierten que la concentración de una proporción creciente de esos recursos en una entidad vinculada económicamente con el titular del Poder Ejecutivo trasciende una discusión estrictamente financiera o privada.
Para los impulsores del juicio político, esta situación podría afectar la garantía constitucional que establece el destino exclusivo de los recursos previsionales.
3. Presuntas maniobras para favorecer a la entidad bancaria
El tercer eje de la acusación aborda un supuesto sobrepaso de los límites crediticios permitidos para ueno bank y un presunto encubrimiento institucional por parte del Banco Central del Paraguay.
De acuerdo con informes técnicos mencionados en el documento, al cierre de abril la entidad bancaria acumulaba operaciones crediticias con tres empresas vinculadas por un total de G. 743.784 millones, equivalentes a aproximadamente USD 123 millones.
Esa cifra representaría cerca del 30% del patrimonio efectivo de la entidad, mientras que el límite prudencial establecido por la normativa es del 20%.
Los diputados sostienen que el Banco Central inicialmente habría convalidado estas operaciones. A partir de ello, cuestionan que el presidente Peña no haya ejercido la potestad de remoción prevista en el artículo 238 de la Constitución Nacional.
Según la acusación, la eventual omisión del jefe del Ejecutivo ante estos hechos también debe ser analizada dentro de la causal de mal desempeño de funciones.
4. Presunto aprovechamiento del cargo y cuestionamientos patrimoniales
El cuarto argumento se relaciona con un supuesto beneficio patrimonial indebido y con indicios que, según los legisladores, ameritan analizar la evolución patrimonial del presidente y sus vínculos económicos con Ueno Holding e Itti.
Los impulsores de la acusación sostienen que existen cuestionamientos sobre la evolución del patrimonio de Santiago Peña y plantean la posibilidad de que el ejercicio del cargo público haya sido utilizado para consolidar ventajas financieras personales y beneficios corporativos considerados incompatibles con la investidura presidencial.
El documento señala que corresponde a la Cámara de Diputados evaluar si la conducta patrimonial atribuida al mandatario y los aspectos que, según los proyectistas, no habrían sido suficientemente justificados son compatibles con las responsabilidades y exigencias del cargo que ocupa.
Este punto también es presentado como una posible causal de mal desempeño de funciones.
5. El impacto en la confianza del sistema financiero
El último eje de la acusación se concentra en las consecuencias que estos hechos podrían tener sobre la confianza en el sistema financiero paraguayo y en la eventual exposición a un riesgo sistémico.
Los diputados firmantes sostienen que la sucesión de hechos descritos podría responder a un patrón institucional de favorecimiento y de debilitamiento de los mecanismos de control público.
La preocupación, según el documento, va más allá de las eventuales pérdidas económicas, debido a que la estabilidad del sistema financiero depende en gran medida de la confianza de los ciudadanos.
Para los impulsores de la iniciativa, un eventual daño patrimonial puede ser objeto de reparación mediante una indemnización, pero la pérdida de confianza en las instituciones y en el sistema financiero resulta mucho más compleja de cuantificar y revertir.
Por este motivo, consideran que la afectación a la credibilidad del sistema también debe ser analizada dentro de la causal de mal desempeño de funciones.
Una acusación que abre un nuevo escenario político
Los cinco puntos forman parte del proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados busca formalizar una acusación en juicio político contra Santiago Peña.
El debate parlamentario deberá determinar si existen los votos necesarios para avanzar con el proceso previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional. En caso de prosperar la acusación en Diputados, el procedimiento continuará en el Senado, que tendría la responsabilidad de juzgar al presidente y resolver sobre una eventual condena y destitución.
La discusión se desarrolla en medio de una profunda crisis política y financiera, marcada por el caso ueno bank y las interrogantes sobre el funcionamiento de los organismos de control, el manejo de recursos públicos y los vínculos entre el poder político y el sector privado.
El resultado de la sesión será determinante para conocer si el proceso avanza hacia una nueva etapa institucional y cuál será el futuro político inmediato del presidente Santiago Peña.
