Un juez federal en California dictaminó que la práctica de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de entrar en las casas para arrestar inmigrantes sin una orden judicial es inconstitucional, según informó la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

La decisión del juez Ottis D. Wright se basa en una demanda presentada en 2020 por ACLU, representando al inmigrante Osny Sorto Vásquez Kidd y las organizaciones Inland Coalition for Immigrant Justice (ICIJ) y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

La querella denunciaba que los agentes de ICE se hacían pasar por policías para entrar a las casas de inmigrantes sin una orden judicial, usando una táctica conocida como “Knock and Talk”.

La decisión incluye cuatro casos ocurridos entre 2017 y 2020, donde ICE ingresó ilegalmente en áreas protegidas constitucionalmente alrededor de viviendas con órdenes administrativas de inmigración en lugar de órdenes firmadas por un juez.

En estos casos, los agentes de ICE entraron a porches cubiertos, patios privados o traseros para llegar a las entradas de las casas y tocar la puerta, buscando arrestar a los inmigrantes.
Stephanie Padilla, abogada de la Fundación ACLU del Sur de California, expresó que todos deberían sentirse seguros en sus hogares, independientemente de su estatus migratorio, y que la orden del juez debería reducir las prácticas inconstitucionales de arrestos domiciliarios de ICE.
La demanda citó el caso de Vásquez Kidd, cuyo arresto involucró a agentes de ICE haciéndose pasar por policías y engañando a su madre para que lo llamara y convenciera de reunirse con ellos. Vásquez Kidd estaba protegido por DACA al momento de su arresto.

La querella argumenta que las tácticas de ICE violan la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que protege contra registros y allanamientos sin autorización.

El juez Wright aclaró que aunque la práctica de “Knock and Talk” es constitucional según la Corte Suprema, la manera en que ICE la ejecuta no lo es.

Lizbeth Abeln de ICIJ comentó que es un derecho humano básico para los inmigrantes sentirse seguros en sus hogares, y que aunque la decisión no deshace el daño pasado, es un primer paso hacia la justicia.

Angélica Salas de CHIRLA añadió que la táctica de “Knock and Talk” desvió recursos comunitarios y perjudicó la capacidad de su organización para brindar servicios, y espera que esta práctica termine pronto en todo el país.