La muerte de un recién nacido expone serias irregularidades en la habilitación de servicios médicos
Una auditoría realizada por la Superintendencia de Salud reveló que la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) del Hospital Regional de Villarrica fue inaugurada sin cumplir los requisitos legales ni técnicos exigidos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). La muerte de un bebé que no pudo ser atendido en dicha unidad motivó la investigación.
Terapia inaugurada sin estar registrada
El informe determinó que la UTIN no estaba inscripta en el Registro Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Salud al momento de su inauguración. A pesar de haber sido habilitada el 20 de febrero con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, no contaba con los elementos fundamentales ni con una autorización previa adecuada para su funcionamiento.
En menos de 24 horas se concretó la habilitación, lo que levantó fuertes sospechas de apresuramiento institucional y falta de garantías para la atención segura de pacientes.
Irregularidades y fallos en la gestión
Además del incumplimiento formal, la auditoría expuso una preocupante descoordinación entre las direcciones del MSPBS. No hubo comunicación oficial sobre la habilitación ni sobre el cierre temporal posterior de la unidad, lo que indica una falla sistémica en la gestión de servicios críticos.
En el caso del recién nacido fallecido, la UTIN no estaba operativa, por lo que el bebé debió ser trasladado de urgencia, evidenciando la falta de preparación del centro hospitalario para casos críticos neonatales. También se detectaron fallos en el sistema SEME (Sistema de Emergencias Médicas), con demoras logísticas y ausencia de una respuesta efectiva.
Reacciones políticas y administrativas
La senadora y exministra de Salud, Esperanza Martínez, cuestionó duramente al actual equipo de gobierno, señalando a la ministra María Teresa Barán como responsable de inaugurar un servicio “inexistente”. Martínez aseguró que se mintió a la ciudadanía y que el caso no es culpa del médico tratante, sino de quienes planificaron mal y habilitaron sin control.
Por otro lado, Luis Velázquez, director de Control de Establecimientos de Salud del MSPBS, criticó el informe de la Superintendencia de Salud, alegando que fue parcial e incompleto. Señaló que el trabajo de su dirección finalizó el día de la habilitación y que cualquier modificación posterior requería una nueva evaluación.
Una tragedia que demanda reformas
Este caso no solo representa una pérdida irreparable para una familia, sino que expone graves deficiencias del sistema público de salud en Paraguay. La desarticulación institucional, la falta de controles rigurosos y el apresuramiento político para mostrar avances sin respaldo técnico, deben ser abordados con urgencia.
La muerte de este bebé no puede quedar como una simple estadística. Es un llamado de atención a las autoridades para garantizar servicios seguros, regulados y humanos para toda la población.
