Contexto: Alerta por la impunidad en crímenes ecológicos
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, denunció serias irregularidades en el tratamiento de causas relacionadas con delitos ambientales en Paraguay. Uno de los casos más alarmantes es el de una deforestación masiva de 2.900 hectáreas en el Chaco, donde se evidencian prácticas judiciales que favorecen la impunidad.
Maniobras judiciales que benefician a infractores
Según Ríos, fiscales imputan y acusan por delitos ambientales que, por su gravedad, no permiten medidas alternativas. Sin embargo, durante las audiencias preliminares, los mismos fiscales acceden a los pedidos de las defensas para modificar la calificación del delito y habilitar la suspensión condicional del procedimiento. Incluso se permitió que los propios imputados fueran designados como sus asesores de prueba, comprometiendo gravemente la imparcialidad del proceso.
Casos emblemáticos de deforestación
Uno de los casos más polémicos es el que involucra a Miguel y Nicol Bibolini, acusados por desmontar 2.900 hectáreas en el Chaco. La jueza Fani Aurelia Cáceres concedió trámite de oposición, decisión que generó críticas dentro del Poder Judicial. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados evaluará este caso el 29 de mayo y podría iniciar un enjuiciamiento de oficio.
Propuestas para fortalecer la justicia ambiental
La ministra de la Corte Carolina Llanes propuso ampliar el protocolo de aplicación de tobilleras electrónicas para incluir a los acusados por delitos ambientales, especialmente en Asunción y el Departamento Central. Esta medida busca mejorar el control y garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales.
Consecuencias ambientales y sociales
La impunidad en estos casos tiene consecuencias severas: la deforestación acelera el cambio climático, destruye hábitats naturales y pone en riesgo a las comunidades locales. La contaminación de suelos y aguas afecta la salud pública, y la pérdida de biodiversidad amenaza la sostenibilidad de los recursos naturales del país.
Llamado urgente a la acción
Es indispensable que jueces y fiscales actúen con independencia, rigor y compromiso en la defensa del medioambiente. Las medidas técnicas como las tobilleras electrónicas deben ir acompañadas de una voluntad firme de combatir la corrupción y asegurar que los crímenes ecológicos no queden impunes.
