En un intento de controlar la propiedad de los monasterios tras su salida de la Iglesia católica, las exmonjas de Belorado crearon dos asociaciones civiles para la comunidad de Belorado y para la figura jurídica de Derio.

Estas asociaciones, presididas por la exabadesa Laura García de Viedma Serrano, pretendían transformar las entidades religiosas a asociaciones civiles inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, según los estatutos a los que ha tenido acceso ABC.

Los estatutos destacan que las nuevas asociaciones tendrían personalidad jurídica propia e independiente con plena capacidad jurídica y de obrar, además de autonomía económico-administrativa.

Las asociaciones afirman tener una naturaleza privada, con fines culturales y sin ánimo de lucro, buscando el cambio al Registro General de Asociaciones del Ministerio del Interior desde el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

La primera asociación, Derio, se constituyó el 8 de mayo de 2024, el día siguiente a una reunión con la comunidad de Vitoria para rescindir el contrato de compraventa del monasterio de Orduña debido a un impago acumulado de más de dos años.

Ese mismo día, la exabadesa solicitó al obispo excomulgado Pablo Rojas que asumiera la dirección espiritual de la comunidad de religiosas.

La asociación de Belorado se constituyó el 18 de mayo, cinco días después de anunciar el cisma y poco después de que sor Amparo, la única religiosa que se opuso al obispo excomulgado, abandonara el convento.

Las gestiones para crear estas asociaciones comenzaron en los primeros meses de 2023, coincidiendo con los primeros contactos entre las monjas y la Pía Unión de Rojas y Ceacero, durante los cuales hipotecaron el monasterio de Derio por 720.000 euros.

Sin embargo, las monjas no han logrado su objetivo. En el Registro de Entidades Religiosas, ambas comunidades siguen inscritas bajo el nombre de Monasterio de Santa Clara, y tienen como representante legal a Mario Iceta, comisario pontificio.

El arzobispado de Burgos explicó que los estatutos de los monasterios y la legislación canónica no permiten alterar la naturaleza eclesiástica de los monasterios sin el consentimiento explícito de la autoridad eclesiástica competente, en este caso, la Santa Sede.

El arzobispado también recordó que los acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede establecen que la legislación canónica actúa como derecho estatutario en la capacidad de obrar de las entidades religiosas, impidiendo que los bienes de los monasterios se consideren meros bienes para disponer libremente.

El arzobispado rechazó la interlocución con los servicios jurídicos contratados por las exmonjas para buscar una «solución extrajudicial», sosteniendo que no hay discusión sobre la propiedad de los monasterios.

Finalmente, el arzobispado aclaró que la constitución de comisiones no tiene sentido en cuanto a la titularidad y propiedad de los inmuebles y bienes de los monasterios, ya que la legislación vigente es clara y taxativa.