Estados Unidos y Brasil chocan en la OEA por la elección del relator de Libertad de Expresión
Washington cuestiona la transparencia y la representación geográfica del proceso para elegir al próximo relator especial para la Libertad de Expresión. Brasil considera que la iniciativa busca modificar las reglas durante una selección en curso y amenaza la independencia de la CIDH.
La tensión diplomática entre los gobiernos de Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva sumó un nuevo capítulo dentro de la Organización de los Estados Americanos.
Esta vez, la disputa gira alrededor del procedimiento utilizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para seleccionar al próximo relator especial para la Libertad de Expresión.
Estados Unidos asegura que no pretende condicionar quién ocupará el cargo, pero reclama mayor transparencia sobre la preselección de los candidatos. Brasil, en cambio, considera que el planteamiento representa una interferencia en la autonomía de la CIDH.
Un cargo clave para la región
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión funciona dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tiene como misión promover y proteger este derecho en los países del continente.
La oficina analiza restricciones contra periodistas, ciudadanos, medios de comunicación, integrantes de la sociedad civil, organizaciones religiosas y sectores de la oposición política.
También emite informes, realiza recomendaciones y sigue casos relacionados con censura, violencia contra comunicadores y limitaciones a la expresión dentro y fuera de internet.
Por esa razón, la elección de su máxima autoridad tiene una fuerte importancia institucional y política dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Washington pide revisar el procedimiento
La representación de Estados Unidos ante la OEA propuso que el Consejo Permanente analizara el método utilizado por la CIDH para elegir al nuevo relator.
Washington aclaró que respeta la independencia y el prestigio de la Comisión. Sin embargo, planteó dudas sobre la manera en que se evaluaron las candidaturas y se elaboró la lista de diez finalistas.
El Gobierno estadounidense sostiene que su objetivo no es imponer un nombre, sino garantizar que los comisionados puedan tomar una decisión mediante un proceso transparente, creíble y representativo de todo el continente.
Brasil denuncia una interferencia
El embajador brasileño ante la OEA, Benoni Belli, rechazó abiertamente la propuesta estadounidense.
Según el diplomático, cuestionar el procedimiento cuando la selección ya está en marcha constituye “un claro intento de interferencia” en la autonomía de la CIDH.
Belli recordó que la lista de finalistas ya fue publicada y aseguró que los criterios aplicados son conocidos por los estados miembros desde hace aproximadamente 20 años.
Para Brasil, modificar o revisar ahora las reglas podría afectar la seguridad jurídica y crear un precedente peligroso para otros organismos independientes del Sistema Interamericano.
Una votación adversa para Estados Unidos
El representante brasileño solicitó una votación para decidir si la propuesta de Washington debía incorporarse al debate del Consejo Permanente.
Estados Unidos necesitaba 18 votos para que su iniciativa prosperara, pero solamente consiguió 15.
La falta de respaldo impidió que el planteamiento avanzara en los términos impulsados por la Administración Trump.
Bolivia, Panamá y Surinam, considerados aliados regionales de Washington en diferentes asuntos, se abstuvieron. Sus decisiones terminaron favoreciendo la posición brasileña.
México y Uruguay, por su parte, respaldaron sin objeciones el argumento presentado por Brasil.
La CIDH defiende su metodología
Ante la disputa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió una carta a las delegaciones de la OEA para explicar el procedimiento utilizado.
El documento, firmado por la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, señaló que la evaluación se basó en la documentación presentada por los aspirantes.
Entre los materiales considerados se encontraban los formularios de inscripción, los currículos y los antecedentes relacionados con los requisitos establecidos en la convocatoria pública.
La Comisión informó que recibió 145 solicitudes y que 127 avanzaron a la etapa de evaluación técnica.
Desde el 17 de julio, los integrantes de la CIDH tuvieron acceso a los expedientes de los 145 postulantes, al informe técnico de preselección, a las matrices de evaluación y a los análisis documentales.
Según la institución, todos los comisionados participaron en el proceso y eligieron por unanimidad a los diez finalistas.
Estados Unidos mantiene sus dudas
La explicación de la CIDH no despejó completamente las inquietudes del embajador estadounidense ante la OEA, Leandro Rizzuto.
En una presentación diplomática, Washington reconoció la información aportada por la Comisión y agradeció la disposición para continuar el diálogo.
Estados Unidos reiteró que no busca indicar a la CIDH qué candidato debe seleccionar. No obstante, solicitó precisiones sobre la diferencia entre permitir el acceso a todos los expedientes y presentar activamente todas las candidaturas para una comparación directa.
Para Washington, que los comisionados pudieran consultar los 145 archivos no significa necesariamente que todos fueran considerados con la misma profundidad durante las deliberaciones.
Una posible lista previa de 16 candidatos
Una de las principales dudas estadounidenses se refiere a la existencia de una lista de trabajo previa a la selección de los diez finalistas.
Washington sostiene que la evaluación técnica podría haber reducido inicialmente el grupo a unos 16 candidatos.
A partir de esa información, pidió conocer cómo fueron seleccionados esos aspirantes, si las deliberaciones comenzaron únicamente con ese grupo y qué posibilidades tenían los comisionados de incorporar otros nombres.
También solicitó aclarar cómo influyeron las matrices técnicas en la determinación de las personas que recibieron una consideración activa por parte del pleno.
La CIDH prepara una nueva comunicación para ofrecer mayores detalles sobre esas etapas del procedimiento.
Falta de representación regional
Estados Unidos también cuestionó la composición geográfica de la lista final.
Los diez candidatos seleccionados proceden de Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela.
No hay aspirantes de Estados Unidos, Canadá ni de los estados del Caribe. Tampoco aparecen representantes de países cuyo sistema jurídico se basa principalmente en el derecho consuetudinario o common law.
Washington reconoce que la representación geográfica puede considerarse como un factor complementario durante las entrevistas, cuando existen postulantes con cualificaciones similares.
Sin embargo, advierte que esa corrección puede resultar difícil si determinadas regiones y tradiciones jurídicas ya quedaron excluidas antes de llegar a esa etapa.
El papel de los estados y la sociedad civil
Otra pregunta se relaciona con las observaciones que presenten los gobiernos y las organizaciones civiles durante el periodo de consulta pública.
Estados Unidos quiere saber cómo serán utilizadas esas opiniones para reducir la lista de diez finalistas a cinco candidatos que pasarán a las entrevistas.
También consulta si la información recibida durante esta etapa podría llevar a los comisionados a reconsiderar alguna evaluación anterior.
Washington sostiene que explicar estos mecanismos no debilitaría la independencia de la CIDH, sino que aumentaría la confianza pública en la Relatoría.
El sistema TALEO queda bajo observación
Parte de la controversia se concentra en el proceso burocrático de selección conocido dentro de la OEA como TALEO.
Estados Unidos y algunos de sus socios regionales quieren conocer con mayor precisión cómo se aplicó esta herramienta y qué influencia tuvo en la reducción del número de aspirantes.
La Administración Trump considera necesario determinar si el sistema permitió una evaluación amplia y equilibrada o si limitó prematuramente la cantidad de personas consideradas por los comisionados.
Brasil sostiene que el procedimiento respeta las normas conocidas y que someterlo ahora a un debate político puede vulnerar la autonomía técnica de la Comisión.
Dos visiones sobre la autonomía
La discusión refleja dos interpretaciones diferentes sobre la independencia de la CIDH.
Estados Unidos afirma que solicitar información y transparencia no equivale a intervenir en la decisión. Para Washington, una institución autónoma debe ser capaz de explicar públicamente cómo toma sus decisiones.
Brasil considera que el momento elegido para plantear las objeciones resulta problemático, porque la convocatoria ya avanzó y la lista de finalistas fue publicada.
Según su postura, aceptar una revisión promovida por los gobiernos durante el proceso podría abrir la puerta a presiones políticas sobre futuras designaciones.
La tensión entre Trump y Lula llega a la OEA
La disputa institucional se produce en medio de una relación deteriorada entre las administraciones de Trump y Lula.
La Casa Blanca teme que Brasil aumente su influencia sobre organismos regionales y favorezca una orientación política cercana a su agenda.
El Gobierno brasileño, en cambio, acusa a Washington de intentar intervenir en una decisión que corresponde exclusivamente a un órgano independiente de derechos humanos.
Hasta el momento, no se presentaron pruebas públicas de que Brasil controle la selección o tenga capacidad para imponer a un candidato. La preocupación forma parte de la interpretación política estadounidense sobre el proceso.
La CIDH prepara una nueva respuesta
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión trabaja en otra carta explicativa que será enviada a las representaciones diplomáticas de la OEA.
El documento buscará responder las preguntas sobre la evaluación técnica, la preselección, el papel de los comisionados y la aplicación del sistema TALEO.
También podría ofrecer precisiones sobre la participación de los estados y la sociedad civil antes de la selección de los cinco candidatos que serán entrevistados.
Una disputa que todavía no termina
Brasil ganó la primera batalla diplomática al impedir que la iniciativa estadounidense alcanzara los votos necesarios para avanzar en el Consejo Permanente.
Sin embargo, las dudas planteadas por Washington continúan abiertas y la CIDH tendrá que ofrecer nuevas explicaciones sobre su metodología.
La discusión supera el nombre del próximo relator. Lo que está en juego es el equilibrio entre la transparencia exigida por los gobiernos y la autonomía que necesita un organismo regional encargado de proteger los derechos humanos.
La manera en que la OEA resuelva esta controversia podría establecer un precedente para futuras designaciones dentro del Sistema Interamericano.
Fuente: Infobae
