España exigirá que los contratos de extranjeros aclaren quién pagará su regreso
La nueva normativa obligará a las empresas radicadas en España a detallar las condiciones de retorno y quién asumirá el costo del viaje. Trabajo sostiene que normalmente deberá pagarlo el empleador y exigirá que la información sea traducida cuando resulte necesario.
El Gobierno español obligará a las empresas a incluir en los contratos de trabajadores extranjeros las condiciones para su regreso al país de origen cuando este resulte necesario.
La documentación deberá indicar cuándo termina el trabajo, cómo se producirá el retorno y quién asumirá el costo del traslado.
El Ministerio de Trabajo aclaró que la norma exige principalmente ofrecer información transparente y no establece una repatriación automática de todos los extranjeros contratados.
La empresa deberá identificar quién paga
La nueva regulación obligará a especificar expresamente quién tendrá que cubrir los gastos del viaje de regreso.
Fuentes del Ministerio de Trabajo señalaron que “lo normal” será que ese costo sea asumido por la empresa contratante.
Esto ocurriría especialmente cuando una compañía contrate al trabajador mientras todavía se encuentre en su país y esté previsto que regrese una vez finalizada la actividad.
La medida alcanza a trabajadores temporales
La regla podría aplicarse, por ejemplo, a trabajadores contratados en países africanos para participar temporalmente en campañas agrícolas españolas.
En casos como la recogida de la fresa, la empresa tendría que informar desde el contrato las condiciones del retorno y, normalmente, pagar el traslado al terminar la campaña.
El objetivo es evitar que una persona quede en un país extranjero sin saber cómo podrá regresar a su lugar de origen.
No se limita a extranjeros de fuera de Europa
La normativa alcanzará tanto a ciudadanos comunitarios como a trabajadores procedentes de países ajenos a la Unión Europea.
Lo determinante será que exista un contrato con una empresa radicada en España y que el empleo requiera un traslado internacional.
Las condiciones deberán quedar establecidas previamente y ser comunicadas de manera comprensible al trabajador.
También protege a españoles enviados al exterior
La obligación no beneficiará únicamente a extranjeros trasladados a España.
También se aplicará a ciudadanos españoles enviados por sus empresas a trabajar en otros países.
En esos casos, el contrato deberá explicar las condiciones previstas para su regreso y quién asumirá los gastos correspondientes.
Los contratos deberán ser traducidos
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que las condiciones laborales deberán explicarse de manera completa a los trabajadores migrantes.
Las empresas tendrán que proporcionar las traducciones necesarias para que cada persona pueda comprender el contenido del contrato.
La exigencia busca impedir que la barrera del idioma deje a los trabajadores sin información suficiente sobre sus funciones, derechos, duración del empleo y regreso.
Una adaptación de la normativa europea
La medida forma parte de la incorporación al derecho español de una directiva de la Unión Europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles.
Esta transposición adapta a España las bases aprobadas previamente por las instituciones comunitarias.
La legislación busca que los trabajadores conozcan con claridad las características de su empleo antes de comenzar la actividad o trasladarse a otro país.
Qué deberá indicar el contrato
La documentación deberá incluir las condiciones de retorno cuando estas sean necesarias.
Entre los datos centrales estarán el momento en que finaliza el empleo, el medio previsto para volver al país de origen y la persona o entidad responsable del costo.
El Ministerio de Trabajo insiste en que se trata de una garantía informativa destinada a reducir la incertidumbre de quienes aceptan trabajos fuera de su país.
No equivale a una deportación
La denominada cláusula de “repatriación” se refiere al regreso laboral previsto al finalizar un contrato o una actividad temporal.
La medida no constituye por sí misma un procedimiento de expulsión migratoria ni significa que todos los trabajadores extranjeros deban abandonar España.
Su finalidad es dejar establecidas de antemano las condiciones aplicables cuando el retorno forme parte del acuerdo laboral.
Nuevas obligaciones para las empresas
Las compañías deberán revisar sus modelos de contratación internacional para incorporar toda la información exigida.
También tendrán que garantizar traducciones adecuadas y definir con anticipación los costos del regreso.
Con estas medidas, el Gobierno busca aumentar la transparencia y ofrecer mayor protección a las personas que se trasladan a otro país por motivos laborales.
Fuente: okdiario
