El Gobierno de Trump acusa a 28 residentes de California y pide apartar 20.000 boletas
El Departamento de Justicia anunció cargos contra 28 residentes permanentes por presuntas irregularidades electorales y solicitó separar las boletas vinculadas a unos 20.000 registros bajo revisión. California cuestiona la actuación federal y denuncia un intento de limitar el voto.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos contra 28 personas en California por presuntas inscripciones electorales ilegales y, en algunos casos, por haber votado sin estar habilitadas. El operativo incluyó once detenciones y se produjo a pocas semanas de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.
Según la información publicada por El País, la actuación forma parte de la Operación Proteger el Voto. En paralelo, el Gobierno federal solicitó a un juez que ordene separar las boletas vinculadas a unos 20.000 registros cuya ciudadanía pretende verificar, una medida rechazada por las autoridades electorales estatales.
Once detenidos y otras diecisiete personas imputadas
Los cuatro distritos judiciales federales de California participaron en la operación. Además de las once personas arrestadas, otras diecisiete fueron imputadas por cargos que, según la publicación, podrían conllevar penas de hasta cinco años de prisión.
Los 28 acusados tienen residencia permanente, conocida como green card. Esa condición los distingue de los inmigrantes indocumentados mencionados en las denuncias políticas del Gobierno, aunque no los habilita para votar en elecciones federales.
Las acusaciones siguen pendientes de resolución judicial. Su presentación no acredita por sí misma la culpabilidad de los señalados ni demuestra un fraude electoral generalizado.
Justicia solicita separar boletas mientras verifica registros
El Departamento de Justicia presentó una solicitud de medida cautelar ante un juez federal de Los Ángeles. Su objetivo es apartar las boletas correspondientes a aproximadamente 20.000 personas cuya ciudadanía cuestiona, mientras se revisa su elegibilidad.
El vicefiscal general Trent McCotter sostuvo que los 28 acusados forman parte de ese conjunto de registros. También afirmó que al menos ocho habrían votado en más de una ocasión electoral, algunos incluso en las primarias de junio de 2026.
La petición federal no equivale a una orden judicial concedida. Tampoco establece que las 20.000 personas bajo revisión carezcan de ciudadanía o hayan emitido votos ilegales.
California defiende sus controles electorales
La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, y el responsable electoral de Los Ángeles, Dean Logan, rechazan los requerimientos federales. Sostienen que existen mecanismos suficientes para verificar a quienes solicitan registrarse.
También argumentan que la actuación del Departamento de Justicia vulnera restricciones legales sobre cambios en los padrones durante los 90 días anteriores a una elección. Esa posición forma parte de la controversia judicial entre el estado y Washington.
El gobernador Gavin Newsom calificó la ofensiva como un intento de utilizar al Departamento de Justicia para suprimir el voto de los californianos.
Las investigaciones surgieron de trámites de naturalización
Según los documentos judiciales citados por el periódico, los casos fueron detectados cuando los investigados solicitaron la ciudadanía estadounidense. Las autoridades les atribuyen declaraciones falsas u ocultamiento de antecedentes relacionados con su inscripción electoral o participación en comicios.
Entre los expedientes aparecen los de un residente de Commerce, de origen beliceño, y otro de Long Beach, de nacionalidad camboyana, acusados de votar antes de obtener la ciudadanía. Esas conductas son alegaciones de la Fiscalía que deberán examinarse en los respectivos procesos.
Una disputa que crece antes de las elecciones
Los funcionarios californianos temen que las acciones federales alteren el desarrollo de los próximos comicios. Entre sus preocupaciones figuran posibles intervenciones sobre boletas, registros y centros de votación, sin que el artículo establezca que todas esas situaciones hayan ocurrido.
Newsom firmó un paquete de trece leyes de protección electoral, incluida una disposición sobre el decomiso de materiales antes de la certificación de resultados. La confrontación mantiene bajo atención el alcance de las investigaciones federales y las decisiones que adopten los tribunales antes de la votación.
Fuente: EL PAÍS
