¿En qué consiste la nueva ley?
La norma establece que un juez podrá ordenar la expulsión de un extranjero detenido en flagrancia durante la audiencia de control de detención o en un plazo máximo de 24 horas tras su captura. Esta medida busca agilizar el proceso legal y evitar que los delincuentes extranjeros permanezcan en el país mientras se desarrolla un juicio prolongado.
Además, la ley contempla que la persona expulsada no podrá regresar al Perú durante el tiempo que dure la pena máxima aplicable al delito cometido, que puede oscilar entre 5 y 25 años. También se permitirá la incautación de bienes del delincuente para reparar el daño causado, a través del decomiso o extinción de dominio. La reparación civil no estará sujeta a prescripción, garantizando así que las víctimas puedan recibir una compensación adecuada.
Reacciones y críticas
La aprobación de esta ley ha generado diversas reacciones en la sociedad peruana. Según una encuesta realizada por CPI y Exitosa, hasta un 95% de los ciudadanos encuestados manifestó su apoyo a la expulsión inmediata de quienes cometan delitos en el país.
Sin embargo, algunos expertos han expresado su preocupación por la constitucionalidad de la medida. El abogado penalista César Nakazaki advirtió que la expulsión inmediata de extranjeros sin una sentencia judicial podría vulnerar la Constitución peruana. Nakazaki sostiene que solo los condenados deben ser expulsados, como ya se venía haciendo, aunque con mejoras legales recientes.
Contexto de inseguridad ciudadana
La aprobación de esta ley se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad ciudadana en el Perú. Desde 2021, el país ha experimentado un aumento sostenido de la criminalidad, la violencia urbana y el accionar de organizaciones criminales transnacionales. Entre 2021 y 2025, los índices de homicidios, extorsión y delitos violentos han aumentado significativamente, con más de 8,000 denuncias de extorsión solo en 2024, según reportes del Ministerio Público.
En respuesta a esta crisis, el gobierno peruano ha implementado diversas medidas, incluyendo la creación de la Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera (BEICCE), encargada de combatir la criminalidad que involucre a ciudadanos extranjeros en el país.
La nueva ley que permite la expulsión inmediata de delincuentes extranjeros detenidos en flagrancia representa una medida contundente del Congreso peruano para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana. Si bien cuenta con un amplio respaldo popular, también ha generado debates sobre su constitucionalidad y la necesidad de garantizar el debido proceso. Su implementación y los resultados que arroje en la lucha contra la delincuencia serán clave para evaluar su efectividad y legitimidad en el tiempo.
