EEUU restringe visas a 40 bolivianos y el Gobierno anuncia medidas contra funcionarios
Washington anunció restricciones contra 40 ciudadanos bolivianos y difundió quince nombres, entre ellos legisladores, fiscales, jueces y exautoridades. El Ejecutivo boliviano aseguró que no protegerá a los señalados y anunció ceses dentro de su estructura.
Estados Unidos anunció restricciones de visa contra 40 ciudadanos bolivianos por presuntos vínculos con corrupción o narcotráfico. El Departamento de Estado identificó públicamente a quince personas, entre ellas diputados, fiscales, jueces y exautoridades policiales.
Según la información publicada por Infobae, el resto de los afectados serían familiares inmediatos. El anuncio provocó respuestas del Gobierno boliviano, una renuncia en el ámbito judicial y pedidos de actuaciones contra legisladores incluidos en la nómina.
Washington fundamenta las restricciones
El Gobierno estadounidense sostuvo que las personas señaladas contribuyen a debilitar gobiernos democráticamente elegidos mediante actividades de corrupción o narcotráfico.
También expresó su respaldo a la Administración de Rodrigo Paz en sus esfuerzos para reducir la influencia criminal dentro de las instituciones.
Las restricciones de visa constituyen una medida migratoria y no una condena penal. El material difundido no detalla las pruebas individuales ni el estado judicial de todos los casos mencionados.
Los quince nombres identificados
La lista abarca organismos del Ministerio Público, el sistema judicial, la Policía, Migración y entidades responsables de identificación e investigaciones financieras.
| Persona | Cargo o antecedente mencionado en la publicación |
|---|---|
| Rafael Darío López | Diputado |
| Rolando Santos Pacheco | Diputado |
| Juan Lanchipa | Exfiscal general |
| Félix Balderas | Exfiscal departamental de Beni |
| Julio César Porras Velarde | Fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz |
| Diego Alejandro Barboza | Director de la Unidad de Investigaciones Financieras |
| Aldo Ismael Quezada | Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz al conocerse la medida |
| Fernando Velasco | Exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la Felcn en Viru Viru |
| Freddy Pereira | Excomandante de la Policía de Tarija |
| Óscar Ortiz Cuéllar | Exdirector departamental del Segip en Santa Cruz |
| Katherine Calderón | Exdirectora general de Migración |
| José Ayaviri | Exjuez penal |
| Armando Rojas | Exfiscal de La Paz |
| Rony Suárez Milliet | Investigado por presuntos vínculos con Sebastián Marset |
| Julio Alba Flores | Juez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz |
La inclusión en esta nómina refleja el señalamiento del Departamento de Estado. La publicación no atribuye una misma conducta concreta a todos los identificados.
El Ejecutivo anuncia que no habrá protección
El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que el Gobierno no brindará protección ni blindaje a las personas señaladas.
También anunció que los funcionarios del Ejecutivo incluidos en la lista serán cesados. Aclaró que algunos casos ya estaban siendo investigados y sostuvo que las decisiones bolivianas responden a responsabilidades propias, aunque coincidan con las medidas estadounidenses.
Ese anuncio se refiere a funcionarios dentro de la estructura del Ejecutivo; las actuaciones sobre legisladores o integrantes del sistema judicial corresponden a otros ámbitos institucionales.
Renuncia y pedidos de investigación
Tras conocerse las restricciones, Aldo Quezada renunció a la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, según el reporte.
Por su parte, Jorge Quiroga, jefe de la bancada de Libre, pidió el alejamiento del diputado Rafael López, integrante de su fuerza política. López negó las acusaciones y aseguró que defenderá su honor y trayectoria.
El vicepresidente Edmand Lara anunció además que los legisladores señalados serán denunciados ante la Comisión de Ética de la Cámara baja.
Rodrigo Paz pone el foco en los problemas cotidianos
Durante la presentación de un plan de preservación del agua, el presidente Paz cuestionó la atención política y mediática concentrada en las listas estadounidenses.
El mandatario contrapuso esa repercusión con necesidades de la población, entre ellas el acceso a servicios básicos. Posteriormente, su portavoz precisó las medidas que adoptaría el Ejecutivo frente al anuncio.
Una segunda lista que amplía la controversia
Las restricciones se suman a una nómina anterior que incluyó al fiscal general Roger Mariaca, según la publicación.
La presencia de autoridades y exfuncionarios de distintas instituciones amplía la discusión sobre los controles contra la corrupción y el narcotráfico en Bolivia. También abre un debate sobre el peso de las decisiones estadounidenses en la política interna y la respuesta de los organismos bolivianos.
Fuente: Infobae
