Cubanos con documentos I-220A reclaman a María Elvira Salazar por promesas sin resultados
Migrantes cubanos que permanecen en Estados Unidos con documentos I-220A cuestionaron a la congresista republicana por Florida y aseguraron que sus compromisos no se transformaron en una solución concreta. Salazar sostiene que continúa trabajando por ellos y recientemente advirtió a Donald Trump que sus políticas migratorias fueron “demasiado lejos”.
La congresista republicana María Elvira Salazar enfrenta cuestionamientos de migrantes cubanos con documentos I-220A, quienes aseguran que sus reiteradas promesas de encontrar una solución no produjeron resultados concretos.
Salazar se presentó durante años como defensora de este grupo, integrado por cerca de 500.000 personas que permanecen en Estados Unidos sin poder regularizar plenamente su situación migratoria.
“Se presentó como nuestra defensora, habló de legalización, de soluciones y de dignidad. Pero María Elvira nos ha manipulado a todos”, afirmó May Díaz, una cubana de 36 años que recibió el documento tras ingresar al país.
Salazar pide el voto para regresar al Congreso
Durante una entrevista con el periodista Juan Manuel Cao en Miami, Salazar se dirigió a los habitantes del Distrito 27 de Florida y pidió su respaldo en las elecciones previstas para el 3 de noviembre.
“Si quieren votar por mí, fantástico. Yo quisiera que ustedes votaran por mí para poder regresar al Congreso y terminar el trabajo”, expresó frente a las cámaras.
Días antes había publicado un mensaje dirigido al presidente Donald Trump en el que sostuvo que sus políticas migratorias fueron “demasiado lejos” y advirtió que los hispanos que lo apoyaron en 2024 se sentían “traicionados”.
Para Díaz, la reacción de la congresista responde a la proximidad de las elecciones y al descontento de una parte importante de la comunidad cubana de Florida.
Qué significa tener un documento I-220A
May Díaz llegó a Estados Unidos después de participar en las protestas de julio de 2021 en Cuba. Tras cruzar la frontera, los agentes migratorios le entregaron una Orden de Libertad bajo Reconocimiento, conocida como I-220A.
El documento le permitió ingresar al país, pero no fue reconocido como un permiso de entrada o “parole”, requisito que habría facilitado su acceso a la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano.
En 2022, el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que el I-220A no equivale a un “parole”. Un año después, una corte federal confirmó esa interpretación.
La categoría comenzó a utilizarse durante la primera Administración Trump y continuó entregándose a miles de personas durante la crisis fronteriza bajo la presidencia de Joe Biden.
Una situación que afecta a cerca de 500.000 cubanos
Abogados y especialistas no encontraron una explicación clara sobre los criterios utilizados para conceder diferentes documentos a migrantes cubanos que ingresaron al país bajo circunstancias similares.
La entrega del I-220A se produjo en medio de un éxodo que alcanzó aproximadamente dos millones de cubanos en cinco años, una cifra superior a la suma de anteriores olas migratorias procedentes de la isla.
Salazar incorporó el reclamo de estos migrantes a su discurso político en Florida, donde existen más de 700.000 votantes cubanoamericanos.
Durante sus años en Washington prometió en varias oportunidades trabajar por una solución y utilizó el tema para cuestionar la política migratoria de la Administración Biden.
De periodista a aliada de Donald Trump
Antes de ingresar a la política, Salazar desarrolló una extensa trayectoria en medios de comunicación de Miami. Trabajó como reportera, corresponsal y presentadora durante aproximadamente tres décadas.
En 2020 ganó un escaño en el Congreso como candidata republicana por el Distrito 27 de Florida, después de haber perdido frente a la demócrata Donna Shalala en 2018.
Su experiencia televisiva le permitió construir una relación directa con una audiencia que posteriormente se convirtió en parte de su base electoral.
Donald Trump respaldó públicamente su candidatura y afirmó que Salazar era “muy necesaria en Washington”. Desde entonces, la congresista fortaleció su discurso conservador y su posición dentro del sector cubanoamericano del Partido Republicano.
Las gestiones realizadas por la congresista
Salazar envió comunicaciones a las autoridades de Seguridad Nacional para plantear la imposibilidad de que los cubanos con documentos I-220A accedieran a los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano.
También aseguró que conversó con responsables del Departamento de Seguridad Nacional para solicitar que el documento fuera considerado una entrada legal.
En diferentes intervenciones pidió confianza y sostuvo que existían posibilidades de encontrar una salida. “Lo que puedo decir es que hay esperanza”, declaró.
Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, volvió a generar expectativas: “Tenemos cuatro años para probar que los republicanos podemos ayudar a los I-220A”.
Sin embargo, el paso del tiempo sin una modificación concreta aumentó la desconfianza entre los migrantes. La oficina de Salazar fue consultada sobre el tema, pero respondió que la congresista no tenía disponibilidad para una entrevista.
Migrantes denuncian un “juego político”
José Gutiérrez, un cubano de 43 años que permanece con documento I-220A desde su llegada en 2022, afirmó que las promesas de Salazar y otros congresistas fueron parte de un “juego político”.
El migrante aseguró que modificó su rutina como conductor de Uber por miedo a ser arrestado por agentes migratorios. También manifestó que su situación le provocó ataques de pánico y ansiedad por los que recibe atención psiquiátrica.
“No he visto que los políticos hayan hecho ninguna presión en el Congreso o al presidente para buscar una solución real”, expresó.
Manuel Alberto Guerra, médico cubano de 32 años, señaló que logró revalidar su título en Florida, pero que el I-220A redujo sus posibilidades laborales y salariales.
Las elecciones aumentan los cuestionamientos
Las críticas crecieron mientras las encuestas situaban a Salazar en un empate con su rival demócrata para las elecciones de noviembre.
Esteban Rodríguez, activista cubano que sufrió represión en la isla, consideró que la congresista retomó el tema porque necesita recuperar el apoyo de los votantes cubanos de su distrito.
“Tuvo tiempo para hacer un poco más por los I-220A. Esto es una maniobra, no creo que tenga intención de ayudar”, afirmó.
Salazar, en cambio, asegura que continúa realizando gestiones. Durante su conversación con Juan Manuel Cao relató que habló durante diez minutos con Trump para explicarle las consecuencias de su política migratoria.
Críticas por su posición ante las detenciones
El activista Thomas Kennedy recordó la visita de Salazar al centro de detención conocido como Alligator Alcatraz y cuestionó que la congresista defendiera sus condiciones después de recorrerlo.
“No es una persona confiable. No es una amiga de los inmigrantes”, sostuvo Kennedy.
Olga Soto también relató que envió numerosos correos a la oficina de Salazar cuando su pareja, enferma de diabetes, permanecía recluida en el centro de Krome. Según afirmó, nunca recibió la ayuda solicitada.
Otros sectores criticaron el respaldo de la congresista a una legislación que destinó USD 70.000 millones al Departamento de Seguridad Nacional y amplió los fondos disponibles para las autoridades migratorias.
Cuestionamientos a la Ley Dignidad
El proyecto de Ley Dignidad promovido por Salazar propone reforzar la frontera y conceder un estatus temporal de trabajo a determinados inmigrantes indocumentados.
Los beneficiarios tendrían que pagar USD 7.000 como “restitución”, pero la propuesta no les ofrecería un camino hacia la residencia permanente ni hacia la ciudadanía.
May Díaz consideró que esta alternativa no garantiza una solución definitiva y describió la propuesta como un sistema condicionado, costoso y sometido a vigilancia.
“Ahí no existe un camino que conduzca verdaderamente a una vida digna”, manifestó.
Una oportunidad que, según especialistas, no fue aprovechada
El abogado migratorio Willy Allen sostuvo que Salazar y los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y Carlos A. Giménez pudieron utilizar sus votos durante la discusión del presupuesto federal para exigir una solución para los I-220A.
Según el especialista, la importancia de esos tres votos les otorgaba una oportunidad para negociar un cambio, pero finalmente no se produjo ninguna modificación.
“María Elvira pudo haber hecho más por los migrantes I-220A”, concluyó Allen.
Mientras Salazar pide tiempo y mantiene su mensaje de esperanza, miles de cubanos continúan en un limbo legal, con temor a ser detenidos y sin una vía definida hacia la residencia permanente.
Fuente: EL PAÍS
