La batalla por el ‘Santuario Judicial’: Presentan una ley federal para frenar la ola de detenciones de ICE en los tribunales de inmigración
El proyecto de ley, denominado ‘Protección del Debido Proceso de Inmigración’, busca eliminar la práctica de detener a solicitantes de asilo y no criminales que cumplen con sus citas judiciales, una acción que ha sido ampliamente criticada por socavar el sistema legal.
La controversia sobre las detenciones de inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dentro o inmediatamente fuera de las instalaciones judiciales de inmigración ha escalado en los últimos meses, motivando una respuesta legislativa directa.
Este lunes, un grupo de congresistas neoyorquinos presentó la Ley de Protección del Debido Proceso de Inmigración, una iniciativa que busca poner fin a la estrategia de la agencia federal de utilizar las cortes —lugares diseñados para facilitar la justicia— como una «trampa» para la deportación de personas que buscan vías legales.
El Alcance de la Propuesta de Ley
El anteproyecto fue impulsado por los representantes Adriano Espaillat (NY-13), Dan Goldman (NY-10), Nydia Velazquez (NY-7) y el miembro de mayor rango del Comité de Supervisión de la Cámara, Robert García (CA-42). La propuesta prohibiría explícitamente a los oficiales del DHS arrestar o detener a cualquier persona que se encuentre físicamente presente en una instalación de un tribunal de inmigración de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR) para asistir o participar en una audiencia.
La única excepción a esta prohibición sería la posesión de una orden judicial emitida previamente o que el individuo ya haya recibido una orden final de deportación. De lo contrario, las protecciones se extenderían a inmigrantes cuyos casos legales sigan activos, incluidos solicitantes de asilo, estudiantes y personas que ingresaron al país bajo libertad condicional (parole).
El congresista de origen dominicano, Adriano Espaillat, enfatizó la importancia constitucional de la medida: «El debido proceso es una protección fundamental en nuestra Constitución. Sin esto, todos los demás derechos, privilegios y protecciones contra el abuso de poder se desmoronan”.
El Riesgo del «Efecto Disuasorio» y el Vínculo con Litigios Nacionales
La práctica de arrestar a inmigrantes no violentos, y en muchos casos sin antecedentes penales, inmediatamente después de sus comparecencias obligatorias ante un juez de inmigración, ha generado un profundo «efecto disuasorio» a nivel nacional. Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han señalado que el temor a ser detenido provoca que muchas personas opten por no asistir a sus audiencias, lo que resulta en órdenes de deportación in absentia y la anulación de sus solicitudes de asilo pendientes.
Este efecto se agrava cuando el DHS es acusado de eludir el debido proceso al someter a los detenidos a un proceso de deportación acelerada. Esta intensificación de arrestos, especialmente después de que los jueces desestiman casos, ha sido objeto de demandas colectivas presentadas por grupos como el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes y Immigrant Advocates Response Collaborative, alegando la vulneración de derechos constitucionales y la negación de acceso a representación legal.
Los defensores argumentan que la utilización de las cortes como puntos de arresto atenta contra la integridad del sistema de justicia, transformando un espacio de cumplimiento legal en una trampa de detención.
Mecanismos de Control y Contexto de la Política Federal
Para asegurar el cumplimiento, la Ley de Protección del Debido Proceso de Inmigración establece que cualquier arresto permitido deberá contar con la autorización escrita de un supervisor superior y el incidente debe ser reportado al Inspector General del DHS en un plazo de 30 días. Además, el Inspector General deberá presentar informes periódicos al Congreso sobre la implementación y las estadísticas de cumplimiento.
El proyecto de ley surge en un contexto donde las políticas federales han cambiado. Durante el gobierno anterior, las directivas del DHS restringían las acciones de cumplimiento de la ley de inmigración en o cerca de «áreas protegidas», incluyendo tribunales. Sin embargo, en el último año, diversas fuentes y litigios indican que las nuevas directivas o el cambio en la discreción policial han resultado en la reanudación e intensificación de estas detenciones, afectando particularmente a quienes ingresaron bajo programas como el parole humanitario y a quienes se les ha anulado su estatus, quedando expuestos a la remoción expedita.
La iniciativa de los congresistas de Nueva York busca, por lo tanto, reestablecer el santuario judicial por vía legislativa, garantizando que el cumplimiento de la ley no se realice a costa del derecho fundamental de todo individuo al debido proceso.
Fuentes
- Presentan ley para prohibir detenciones de inmigrantes en las cortes.
- «No deberían ser arrestados sin el debido proceso»: las claves de la demanda para frenar las detenciones de ICE en cortes. (Contexto sobre las demandas y la vulneración del debido proceso)
- Arrestos de ICE en cortes de inmigración: cómo funcionan y cómo puedes prepararte. (Contexto sobre la reactivación de las detenciones y a quiénes afecta)
- Arrestos ilegales de ICE en juzgados de inmigración provocan demandas de defensores e inmigrantes. (Información sobre litigios de organizaciones de defensa)
