La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La decisión confirma la sentencia dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N.º 2, que la halló culpable por haber direccionado contratos de obra pública en favor del empresario Lázaro Báez durante su mandato como presidenta.

El fallo implica seis años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso solidario de $84.835 millones, que serán actualizados por inflación. Este monto será recuperado mediante la ejecución de bienes personales de la exmandataria y otros ocho condenados en la causa, considerada una de las más emblemáticas de corrupción en la historia argentina.

El decomiso alcanzará propiedades, inversiones, cuentas bancarias y activos en sociedades como Hotesur y Los Sauces. Si el valor de estos bienes no alcanza a cubrir la cifra establecida, podrían involucrarse otros activos, incluso pertenecientes a sus hijos o a estructuras jurídicas relacionadas.

En su última declaración jurada, Cristina Kirchner informó un patrimonio de $249,4 millones, con un incremento nominal del 110 % respecto al año anterior. No obstante, al ajustarlo por la inflación del 133,5 % registrada en 2023, representa una pérdida en términos reales. Entre sus principales activos se incluyen acciones en compañías extranjeras como Apple, Microsoft, Coca-Cola y Mercado Libre (valoradas en más de $170 millones), un Toyota Corolla HEV de $15,3 millones, plazos fijos, y propiedades en Buenos Aires y Santa Cruz.

La Justicia ya embargó parte de estos bienes y avanzará en la ejecución de aquellos necesarios para recuperar los fondos. Entre las propiedades más relevantes figuran una casa en El Calafate, un departamento en Recoleta y una unidad en San Cristóbal, esta última ya embargada.

El fallo llega en un contexto de elevada tensión política. Mientras desde sectores del kirchnerismo se denuncia una supuesta persecución judicial —“lawfare”—, desde la oposición se celebra como un acto de justicia que refuerza la igualdad ante la ley. La noticia generó movilizaciones en distintas ciudades y protestas frente a tribunales federales.

Aunque la sentencia es firme, aún no se ha determinado la forma de cumplimiento. Cristina Kirchner no fue detenida, y debido a su edad y condiciones particulares, su defensa podría solicitar arresto domiciliario. Además, se espera que recurra a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando violaciones al debido proceso.

Más allá de esta condena, Cristina Kirchner enfrenta otras causas judiciales pendientes, como las de Hotesur–Los Sauces, vinculadas a lavado de dinero, y el expediente por el Memorándum con Irán.

Esta resolución marca un punto de inflexión en la política argentina. Por primera vez una expresidenta es condenada con sentencia firme, con consecuencias patrimoniales y políticas de alto impacto.


Fuentes consultadas

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