En una sesión decisiva ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y el contralor general de la República, Camilo Benítez, presentaron sus argumentos respecto al pedido de intervención de la municipalidad.


Miguel Prieto defiende su gestión

El intendente Prieto rechazó categóricamente las acusaciones de la Contraloría, señalando que las supuestas irregularidades denunciadas son falsas. En especial, defendió el programa “Navidad Sustentable” del 2023, el cual, según dijo, fue ampliamente difundido y reconocido tanto local como internacionalmente, incluso declarado de interés cultural por la Cámara de Diputados.

Prieto explicó que la transferencia de G. 2.000 millones a la ONG Subcomisión Distrital fue realizada con documentación en regla y mediante un proceso competitivo para la adjudicación de bienes y servicios. Además, aclaró que la apertura de una cuenta bancaria a nombre de miembros de la subcomisión fue transparente y conforme a la autonomía municipal.

Recalcó que la Contraloría no investigó casos similares en otras instituciones, como Itaipú, que pagó montos menores a ONG por eventos navideños, y cuestionó la intención política detrás del pedido de intervención.


Contraloría ratifica irregularidades

El contralor Camilo Benítez sostuvo que la administración de Prieto no presentó comprobantes legales que justifiquen el uso de G. 42.000 millones provenientes de ingresos tributarios y no tributarios para gastos de capital, obras o adquisiciones.

Señaló que gran parte de los fondos se usó para transferencias irregulares, incumpliendo la Ley de Contrataciones Públicas. Además, mencionó la existencia de reportes de hechos punibles, imputaciones a intendentes y falta de documentación clara, lo que según él, justifica la intervención.

Benítez agregó que el acceso a la información completa solo sería posible mediante una intervención, lo que permitiría investigar supuestas facturas falsas, transferencias a particulares y adjudicaciones cuestionables que podrían afectar el patrimonio municipal.


Próximos pasos y contexto

La Comisión Especial de Diputados tiene hasta 15 días para emitir un dictamen sobre la procedencia de la intervención. El debate se desarrolla en un ambiente de alta tensión política, con casos similares en otras municipalidades, como Asunción, aumentando la presión por mayor transparencia y control en la gestión pública local.


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