Contexto de la Fuga
En un grave incidente ocurrido en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú, cinco funcionarios penitenciarios han sido imputados por su presunta complicidad en la fuga de peligrosos criminales. El fiscal Alcides Giménez Zorrilla ha solicitado prisión preventiva para todos los involucrados, quienes enfrentan serios cargos que podrían llevarlos a años de prisión.
Los Imputados
Los funcionarios penitenciarios acusados son:
- Pedro Arnaldo López Martínez (31)
- Benicio de Jesús Romero Aguilar (28)
- Ariel Gustavo Mareco Benítez (23)
- José Carlos Alfonso Torres (23)
- Jonathan Nicolás Barúa Chamorro (23)
Todos ellos están acusados de frustración de la persecución y ejecución penal, así como por liberación de presos, según los artículos 292 y 294 del Código Penal.
Detalles de la Fuga
La investigación indica que la fuga fue posible gracias a la negligencia y complicidad de los funcionarios penitenciarios. Las cámaras de seguridad de la penitenciaría captaron a los guardias trasladando a los internos Juan Insfrán, Wilson Rotela y Miguel Insfrán a las celdas de “soleado”. En un momento clave, se dejó la llave de seguridad en la puerta de la celda, lo que facilitó la fuga.
Wilson Rotela fue el primero en conseguir liberar su celda, y posteriormente abrió las puertas de las celdas colindantes. Un total de ocho internos lograron salir, trepando muros y utilizando un ducto de agua para escapar del centro penitenciario.
Conducta del Personal de Seguridad
Jonathan Nicolás Barúa Chamorro, quien estaba a cargo del monitoreo de las cámaras de seguridad, no alertó a las autoridades durante la fuga, lo que sugiere que pudo haber participado activamente en el plan de escape.
Recaptura y Consecuencias
La policía logró recapturar a Fredy González Delvalle, quien tenía una condena de 40 años de prisión por su participación en una masacre en el penal de San Pedro. Tras la fuga, el fiscal Giménez Zorrilla se presentó en la penitenciaría para recopilar pruebas, incluyendo teléfonos celulares de los sospechosos.
Medidas Legales
El fiscal ha solicitado la prisión preventiva de los imputados y un plazo de cuatro meses para presentar el requerimiento conclusivo. Actualmente, los funcionarios acusados están recluidos en la Dirección de Policía de Alto Paraná, bajo la supervisión del magistrado Carlos Vera Ruiz.
Este incidente pone de relieve la grave situación de seguridad en las prisiones de Paraguay y la necesidad de reformas en el sistema penitenciario. La implicación de funcionarios en actividades delictivas subraya la urgencia de una evaluación exhaustiva de los procesos de seguridad y vigilancia en las cárceles del país.
Fuente: Ultima Hora
Foto: Tribuna Abierta
