Elon Musk se convirtió recientemente en la primera persona en la historia cuyo patrimonio neto supera los 800.000 millones de dólares, según estimaciones de Forbes tras el anuncio de que su empresa aeroespacial SpaceX adquirió su firma de inteligencia artificial y redes sociales, xAI.
Recientemente, una serie de publicaciones en redes sociales han puesto bajo la lupa a Naftali Ehrenkranz, un organizador de protestas vinculado a movimientos de resistencia civil. Según diversas denuncias que circulan en plataformas como X y LinkedIn, Ehrenkranz habría estado publicando ofertas laborales formales para contratar personas que participen en manifestaciones en ciudades clave como Chicago, Baltimore y el Área de la Bahía de San Francisco.
Un reciente informe y testimonios destacados, entre ellos los del profesor de derecho de la Universidad George Washington, Jonathan Turley, han puesto bajo la lupa una presunta estrategia transatlántica para limitar la libertad de expresión en plataformas digitales. Según estas fuentes, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton habría desempeñado un papel clave al presionar a la Unión Europea (UE) para que utilice sus leyes de regulación digital como una herramienta de censura global, dirigida específicamente contra figuras como Elon Musk.
La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) de Nueva York cerró el año 2025 con un hito histórico: comprometió USD 15.800 millones en inversiones de capital, la mayor cifra registrada en un solo período en su historia.
Una jueza de distrito de Estados Unidos rechazó el pedido del estado de Minnesota —junto con las ciudades de Minneapolis y Saint Paul— de suspender de inmediato las redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en ese estado del norte del país. La solicitud buscaba una orden judicial urgente que detuviera la operación federal conocida como Operation Metro Surge, pero fue denegada porque los funcionarios estatales no demostraron que cumplieran con los requisitos legales exigidos para una medida cautelar.
Trump sostiene que las acciones del gobierno cubano representan un riesgo “inusual y extraordinario” para la política exterior estadounidense y habilita nuevas sanciones económicas
