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Cárteles Mexicanos se Abastecen de Armas de ‘Grado Militar’ en la Frontera con Estados Unidos: Autoridades

Una importante operación de tráfico de armas dirigida a abastecer a cárteles mexicanos con armas de ‘grado militar’ fue desarticulada por autoridades federales. Más de 100 armas de fuego, incluyendo rifles FNH SCAR y Barrett calibre .50, fueron confiscadas en un golpe contra el tráfico ilegal de armamento.

Cinco individuos fueron arrestados bajo sospecha de adquirir ilegalmente armas en Texas para su posterior contrabando a través de la frontera con México. Estas armas, altamente valoradas por los cárteles por su potencia y fiabilidad, son utilizadas para fortalecer su poder y control en territorios disputados.

El presunto líder de la operación, Gerardo Rafael Pérez Jr., tenía como objetivo armar cárteles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Cuatro compradores intermediarios, identificados como Gerardo Ibarra Jr., Gerardo Corona Jr., Francisco Alejandro Benavides y Mark Anthony Treviño Jr., fueron acusados de obtener armas ilegalmente en distintas zonas de Texas para su posterior distribución.

El tráfico informal de armas se ha convertido en un delito grave desde la implementación de una ley bipartidista sobre seguridad de armas en 2022. Los compradores intermediarios adquirieron las armas a comerciantes sin licencia, como José Emigdio Mendoza, quien fue mencionado en la denuncia penal.

Luis Matías Leal, conocido como «Wicho», «Poncho» y «El Tío», supuestamente financió la operación, mientras que Antonio Osiel Casarez se encargaba de contrabandear las armas a México y regresar a Estados Unidos con grandes sumas de dinero en efectivo.

La investigación reveló que Mendoza vendió al menos 22 armas por un total de 169.900 dólares entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Sin embargo, el plan comenzó a desmoronarse cuando titulares de licencias federales de armas de fuego en San Antonio se negaron a realizar ventas debido a circunstancias sospechosas.

Los acusados enfrentan una serie de cargos federales que podrían resultar en penas de hasta 25 años de prisión, reflejando la gravedad de sus acciones y las implicaciones para la seguridad en la región.

Fuente: FOX NEWS
Foto: Pixabay-Departamento de Justicia Mexico

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