El gobierno de Bolivia presentó una denuncia contra Evo Morales ante las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusándolo de actos de desestabilización. Estas acciones responden a las recientes movilizaciones encabezadas por Morales, que buscan su habilitación como candidato presidencial para las elecciones de 2025.

Según las autoridades bolivianas, Morales ha impulsado marchas y bloqueos hacia La Paz, lo que consideran un intento de desestabilización y una amenaza a la institucionalidad democrática. El gobierno de Luis Arce asegura que estos actos son parte de una estrategia de Morales para deslegitimar su gestión y promover un golpe de Estado.

Las diferencias entre Luis Arce y Evo Morales, ambos miembros del Movimiento al Socialismo (MAS), se han intensificado desde las elecciones de 2021, cuando Arce asumió la presidencia. Morales ha criticado al gobierno por no respetar su liderazgo, mientras que Arce ha señalado que las acciones de Morales buscan dividir al partido y desestabilizar al país.

Morales ha negado las acusaciones de golpe de Estado y afirma que las movilizaciones son legítimas demandas sociales. También sostiene que su inhabilitación como candidato es un intento del gobierno de silenciarlo y eliminarlo políticamente. El expresidente sigue siendo una figura influyente en el MAS y en la política boliviana.

En un comunicado, el gobierno boliviano expresó que Morales está utilizando su influencia y el apoyo de sectores sociales para fomentar el caos y la división en el país. Las autoridades afirman que Morales está dispuesto a sacrificar la estabilidad de Bolivia con tal de asegurar su regreso al poder.

En respuesta, Morales ha convocado a más movilizaciones y ha reiterado su llamado a la unidad del MAS, aunque las diferencias entre los seguidores de ambos líderes parecen cada vez más profundas. El gobierno, por su parte, ha solicitado a las instancias internacionales que tomen medidas para garantizar la paz y la estabilidad en Bolivia.