Bachi Núñez descarta expulsión de “Chaqueñito” pese a polémica por departamento del MUVH

Foto: Senado

El oficialismo cierra filas ante cuestionamientos por la adjudicación habitacional

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, manifestó de manera contundente que no existen fundamentos legales ni políticos para promover la expulsión o la pérdida de investidura de su colega de bancada, Javier Vera, conocido popularmente como “Chaqueñito”. Esta postura surge tras la divulgación de documentos que confirman que el legislador fue beneficiado con la adjudicación de un departamento de «Vivienda Económica» por parte del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

Para Núñez, el hecho de que un senador acceda a un programa estatal de viviendas no constituye una irregularidad técnica ni un tráfico de influencias per se, siempre que se cumplan los requisitos administrativos, minimizando así el impacto ético que ha generado indignación en diversos sectores de la ciudadanía.

Detalles de la adjudicación: Costos y plazos

Según los registros oficiales, el departamento —ubicado en el edificio “Las Residentas I” en Luque— tiene un valor total de G. 370.000.000. El plan de pago otorgado al senador incluye una entrega inicial mínima de apenas G. 2.500.000, con un saldo financiado a 20 años (240 meses), resultando en cuotas mensuales de aproximadamente G. 2.850.000.

La controversia radica en que el programa de «Viviendas Económicas» está diseñado originalmente para familias con ingresos de entre 1,5 y 7 salarios mínimos. Teniendo en cuenta que el salario de un senador ronda los G. 38.000.000, este supera ampliamente el tope máximo permitido para los beneficiarios comunes de este tipo de asistencia estatal.

Postura del MUVH y críticas de la oposición

El ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, ha defendido el proceso alegando que la convocatoria fue pública y que el senador cumplió con las documentaciones requeridas en tiempo y forma. Sin embargo, legisladores de la oposición, como Yolanda Paredes y Rafael Filizzola, sostienen que esto representa un uso abusivo de los recursos del Estado y una bofetada a las miles de familias paraguayas que esperan años por una solución habitacional.

Desde la bancada democrática ya se analiza la presentación de un pedido formal de pérdida de investidura, argumentando que el acceso privilegiado a este beneficio podría configurar un caso de tráfico de influencias, considerando el rango político del beneficiario frente a la institución que adjudica.

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