Antonio Saca recupera la libertad tras diez años de cárcel por corrupción, pero deberá responder por millonarias deudas
l expresidente de El Salvador cumplió su condena por el desvío y lavado de 301 millones de dólares de fondos públicos. La Fiscalía confirmó que sus propiedades y activos confiscados permanecerán bajo control del Estado, mientras continúan vigentes las obligaciones económicas derivadas de varios procesos judiciales.
El expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, recuperó su libertad después de cumplir diez años de prisión por delitos de corrupción y lavado de dinero cometidos durante su administración, entre 2004 y 2009.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó el miércoles 28 de octubre que la excarcelación del exmandatario no significa que pueda recuperar las propiedades y otros bienes vinculados con los procesos judiciales en su contra.
Saca fue condenado en 2018 por el desvío de aproximadamente 301 millones de dólares provenientes de fondos públicos de Casa Presidencial, en uno de los mayores casos de corrupción de la historia salvadoreña.
La Fiscalía mantendrá bajo custodia bienes valorados en 9,6 millones de dólares
Las autoridades aclararon que las medidas judiciales sobre el patrimonio del exmandatario continuarán vigentes pese al cumplimiento de su condena.
En marzo de 2026, un tribunal ordenó transferir al Estado 25 inmuebles, un vehículo y ocho productos financieros relacionados con Saca.
El conjunto de activos fue valorado en aproximadamente 9,6 millones de dólares, de los cuales 7,5 millones correspondían a propiedades y cerca de dos millones a productos financieros.
La Fiscalía señaló que estos bienes no serán restituidos automáticamente y permanecerán sujetos a las decisiones judiciales correspondientes.
El escándalo de corrupción que llevó a Saca a prisión
El 13 de septiembre de 2018, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó al expresidente a diez años de cárcel y estableció una responsabilidad civil de 260,7 millones de dólares.
La investigación reveló una estructura utilizada para trasladar dinero de cuentas oficiales de Casa Presidencial hacia cuentas particulares mediante cheques y operaciones financieras irregulares.
El proceso, denominado “Destape a la Corrupción”, involucró también a seis exfuncionarios de su administración, entre ellos el exsecretario privado Élmer Charlaix y los exsecretarios César Funes y Julio Rank.
Saca admitió los hechos atribuidos por la Fiscalía y aceptó un procedimiento abreviado que redujo su condena.
Había sido detenido el 30 de octubre de 2016, mientras asistía a la boda de uno de sus hijos en Antiguo Cuscatlán.
Una segunda condena no prolongó su permanencia en prisión
En septiembre de 2019, Saca recibió otra condena de dos años de cárcel por el caso conocido como “Transes”.
El exmandatario reconoció haber entregado 10.000 dólares a una empleada judicial a cambio de información sobre un proceso civil que se desarrollaba en su contra.
Sin embargo, posteriormente las autoridades judiciales determinaron que esa pena ya había sido cumplida con el tiempo de detención provisional correspondiente al expediente.
La decisión permitió mantener octubre de 2026 como fecha de finalización de su condena principal.
Por otra parte, la Fiscalía aseguró que había detectado un supuesto mecanismo que habría facilitado su liberación antes de cumplir la mitad de la pena. Según la institución, se adoptaron medidas para impedir que esa alternativa avanzara.
Las millonarias obligaciones económicas que siguen pendientes
La salida de prisión no elimina las responsabilidades económicas impuestas al expresidente en otros procesos judiciales.
En enero de 2021, Saca y su esposa, Ana Ligia Mixco de Saca, fueron condenados civilmente por enriquecimiento ilícito, después de que un tribunal determinara que no habían justificado parte del incremento de su patrimonio.
El exmandatario debía reintegrar aproximadamente 3,8 millones de dólares, mientras que su esposa tenía que devolver 589.608,42 dólares.
De acuerdo con información de La Prensa Gráfica citada en el artículo original, hasta abril de 2026 Saca había pagado solamente 5.845,75 dólares de la obligación establecida en ese expediente.
También fue condenado civilmente por el manejo irregular de fondos provenientes de Taiwán. En ese proceso se fijó una responsabilidad conjunta de diez millones de dólares, de los cuales seis millones correspondían al expresidente.
Estas obligaciones son independientes de la responsabilidad civil establecida en el caso principal de corrupción.
La libertad no pone fin a las consecuencias judiciales del caso
La Fiscalía salvadoreña reiteró que continuará defendiendo los intereses patrimoniales del Estado y mantendrá las medidas aplicadas a los bienes relacionados con las investigaciones.
Aunque Saca ya cumplió su condena de prisión, todavía no se conoce públicamente el monto total que ha reintegrado al Estado ni el saldo actualizado de sus distintas obligaciones civiles.
El caso sigue siendo uno de los episodios más significativos de corrupción política en El Salvador, tanto por la magnitud de los recursos desviados como por las condenas impuestas a un expresidente y a varios integrantes de su administración.
Antonio Saca recuperó su libertad, pero las consecuencias económicas de las sentencias judiciales continúan vigentes.
Fuente: Infobae.
