Baja Participación en la Campaña de Regularización:
Apenas el 5% de los 44.000 usuarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en la Región Este, con deudas acumuladas de 10 o más facturas, lograron regularizar su situación durante la reciente campaña de la entidad. Este bajo índice de participación se observó en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, donde la campaña se había enfocado en ofrecer facilidades para saldar deudas sin incurrir en multas ni intereses.

Escasa Movilidad Económica:
El ingeniero Juan Rossano, jefe regional de ANDE en la zona, destacó que el resultado de la campaña fue decepcionante y atribuyó el bajo éxito a la falta de liquidez en la región. «No es lo que esperábamos, por lo visto hay poco movimiento monetario. No hay plata y la gente no se puede poner al día», señaló Rossano, subrayando que la meta era que la mitad de los morosos regularizara su situación, lo que no se logró.

Estrategias y Resultados de las Intervenciones:
Durante la campaña, ANDE implementó cortes de energía en repetidas ocasiones a usuarios morosos, incluso en aquellos que ya habían sido desconectados previamente. A pesar de ofrecer un plan de fraccionamiento de deuda hasta en 70 cuotas sin intereses, muchos usuarios no aprovecharon la oportunidad, perdiendo así una ocasión única para regularizar sus cuentas sin costos adicionales.

Operativos Contra el Consumo Irregular:
El abogado Diego Fernández, de la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas de ANDE, informó sobre una serie de intervenciones en las que se desconectaron usuarios con conexiones irregulares, incluidas operaciones en templos que estaban suministrando energía de manera ilícita para actividades como la criptominería. En un caso particular, se incautaron ocho máquinas de criptominería en un templo en Hernandarias, donde la energía era sustraída ilegalmente.

Implicaciones Legales y Económicas:
Fernández aclaró que ANDE no persigue la criptominería en sí, sino la sustracción ilegal de energía, lo que agrava las sanciones para los infractores. Durante las intervenciones, se impusieron multas por un total de G. 1.300 millones, representando un ingreso significativo para la entidad en concepto de sanciones y recuperación de energía no facturada.

Llamado a la Conciencia Ciudadana:
Finalmente, Fernández hizo un llamado a la ciudadanía para regularizar sus conexiones eléctricas y evitar sanciones más severas. Resaltó que los beneficios de un suministro regular y legal son mayores que los riesgos de conexiones ilegales, que pueden acarrear consecuencias económicas y legales graves.