El DHS amplía el gasto en deportaciones y los demócratas preparan controles sobre los contratos
El Departamento de Seguridad Nacional mantiene sus contrataciones para ampliar la capacidad de detención y deportación. Los demócratas planean investigar las adjudicaciones, aunque retirar fondos ya aprobados enfrenta importantes obstáculos políticos.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) continúa adjudicando contratos multimillonarios para vuelos de deportación, centros de detención e infraestructura fronteriza, mientras los demócratas preparan una mayor supervisión del gasto tras sus victorias en las elecciones de medio término, según una investigación de CNN.
La agencia sostiene que los recursos permitirán mantener las operaciones migratorias durante el resto del mandato de Donald Trump. En el Congreso, los futuros responsables de controlar esas partidas buscan establecer restricciones y examinar cómo se seleccionaron los contratistas.
Contratos que superan ampliamente los del año anterior
Un análisis de CNN sobre registros gubernamentales encontró que ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) firmaron nuevos contratos por más de US$ 41.700 millones durante el año fiscal 2026, comprendido entre octubre de 2025 y septiembre de 2026. El valor potencial de esas adjudicaciones podría alcanzar los US$ 63.700 millones.
La cifra inicial supera el triple de los US$ 12.300 millones adjudicados en los doce meses anteriores. Entre las contrataciones figuran servicios aéreos, transporte de detenidos, obras fronterizas y ampliación de instalaciones.
El DHS busca más capacidad para ejecutar deportaciones
Durante una reunión con contratistas y representantes de la industria, el subsecretario Troy Edgar destacó la magnitud del presupuesto disponible. Según dos asistentes citados por CNN, planteó la necesidad de contar con más espacio de detención y más servicios aéreos para sostener las operaciones.
Un portavoz del DHS explicó que el dinero se utiliza para reforzar la frontera, contratar agentes de ICE, financiar el programa 287(g) y ampliar las plazas de detención. También afirmó que la legislación aprobada garantiza financiación para ICE y CBP durante el resto del mandato presidencial.
Los fondos aprobados sostienen la expansión
La llamada “Gran y Hermosa Ley” asignó US$ 75.000 millones a ICE y US$ 65.000 millones a CBP para un período de cuatro años. A esas partidas se sumó el paquete “Secure America”, aprobado en junio, con aproximadamente US$ 70.000 millones para el control migratorio.
Según datos recopilados por el personal demócrata de la Comisión de Presupuesto del Senado, hasta septiembre ICE había comprometido US$ 22.200 millones de los recursos provenientes de ambas leyes y conservaba unos US$ 91.000 millones disponibles. CBP había comprometido US$ 45.200 millones, con otros US$ 45.000 millones pendientes de gastar.
Qué controles preparan los demócratas
El representante demócrata Henry Cuellar, integrante de la subcomisión que supervisa el presupuesto de Seguridad Nacional, indicó que estudia mecanismos para limitar el uso de los fondos. Entre las opciones mencionó restricciones a ICE y mayores recursos para el inspector general del DHS.
Los legisladores también planean revisar con qué empresas se firmaron contratos y bajo qué procedimientos. Sin embargo, retirar dinero ya aprobado requeriría el respaldo de Trump o una mayoría suficiente para superar un eventual veto presidencial, un escenario considerado difícil.
Un contrato de US$ 1.280 millones para vuelos
Uno de los mayores acuerdos recientes fue firmado en octubre con CSI Aviation, empresa de vuelos chárter que ya trabajaba con el departamento. El contrato, valorado en US$ 1.280 millones, contempla servicios a demanda para las operaciones de control y expulsión del programa ICE Air.
Según CNN, se habían pagado al menos US$ 885 millones mediante ese acuerdo. La cadena también recordó que el DHS destinó cientos de millones de dólares en 2025 a contratos y diez aeronaves para crear una flota de deportación, aunque informó que la mayoría permanecía en un hangar de Louisiana sin un plan concreto de utilización.
Compras de centros de detención por miles de millones
La expansión incluye la adquisición de instalaciones privadas. CoreCivic informó la venta de cuatro centros al DHS durante este año por aproximadamente US$ 2.200 millones, de acuerdo con documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
La empresa señaló que mantiene conversaciones preliminares sobre posibles ventas adicionales. Su presidenta y directora ejecutiva, Lucibeth Mayberry, dijo a los inversores que no espera una reducción de la actividad tras las elecciones y anticipó un aumento de la población detenida.
La decisión judicial sobre Big Bend es provisional
La Corte Suprema permitió continuar las obras del muro en esa región, incluido el Parque Nacional de Big Bend, al suspender una resolución de un tribunal inferior que las bloqueaba temporalmente.
La decisión no resuelve de manera definitiva el litigio sobre la autoridad de la administración para eludir requisitos ambientales. Ese debate continúa mientras los legisladores reclaman revisar los contratos vinculados con los proyectos.
Contrataciones más ágiles y supervisión pendiente
Funcionarios consultados por CNN relacionaron la continuidad del gasto con la eliminación de una política de la exsecretaria Kristi Noem, que exigía su aprobación para contratos superiores a US$ 100.000. Otros señalaron que se están acelerando procesos, especialmente con proveedores habituales del departamento.
Por su parte, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) concluyó que los planes actuales de ICE prevén comprometer, para finales del próximo año, los fondos restantes para detención provenientes de la “Gran y Hermosa Ley”. Ese calendario será uno de los puntos centrales del control que preparan los demócratas.
Fuente: CNN