La Comisión Europea propone nuevas reglas para los alquileres de corta duración
La propuesta de Ley de Vivienda Asequible daría a las autoridades locales un marco común para limitar o prohibir los alquileres de corta duración en zonas con presión habitacional. Para aplicar esas medidas, tendrían que demostrar un impacto negativo significativo durante al menos tres años y justificar por qué una alternativa menos restrictiva no sería igual de eficaz.

La Comisión Europea presentó una propuesta que permitiría a las autoridades locales restringir o prohibir los alquileres turísticos y de corta duración en zonas donde puedan demostrar que esa actividad perjudica el acceso a la vivienda. La iniciativa, anunciada el 9 de septiembre, forma parte de la propuesta de Ley de Vivienda Asequible.
El anuncio de Bruselas no activa nuevas prohibiciones de inmediato. Si la propuesta se adopta, España y los demás Estados miembros contarían con un marco europeo común para justificar estas medidas en las áreas que la Comisión denomina «zonas sometidas a estrés habitacional».
Qué tendrían que demostrar las autoridades locales
Para imponer una restricción, las autoridades tendrían que acreditar que los alquileres de corta duración han tenido un efecto adverso significativo durante al menos tres años en la zona donde se aplicaría la medida. La justificación tendría que referirse al impacto en esa área concreta.
También deberían demostrar que una medida menos restrictiva no sería igual de eficaz. De ese modo, una eventual prohibición tendría que justificarse frente a otras opciones que permitan seguir ofreciendo ese tipo de alojamiento con determinados límites.
Por qué la Comisión Europea impulsa la medida
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, sostuvo que la propuesta busca dar más claridad y apoyo a las autoridades locales para responder a problemas que varían de una ciudad a otra. Entre las dificultades que destacó figura la de trabajadores y estudiantes que no pueden permitirse vivir cerca de donde trabajan o estudian.
La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Teresa Ribera, reconoció el valor económico de la inversión inmobiliaria, pero defendió la intervención pública cuando el mercado no ofrece vivienda asequible. Según explicó, el objetivo del marco europeo es dar mayor seguridad jurídica a las autoridades locales para que puedan actuar en las zonas más afectadas.
Fuente: MUNDO DEPORTIVO