El Comité de la ONU cerró sus sesiones sin tratar el reclamo de Cristina Kirchner

El Comité de Derechos Humanos terminó su período ordinario sin examinar la presentación contra la condena en la causa Vialidad. Las sesiones se reanudarán en marzo de 2027, aunque la defensa sostiene que las medidas urgentes que solicitó podrían evaluarse antes.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cerró a principios de noviembre su período ordinario de sesiones sin tratar el reclamo de Cristina Fernández de Kirchner por su condena en la causa Vialidad. La próxima ronda de sesiones está prevista para marzo de 2027, pero no hay una fecha confirmada para examinar el caso.

La defensa busca, entre otras medidas, que el comité solicite la suspensión provisional de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La demora complica los planes electorales de la expresidenta, aunque sus abogados sostienen que las medidas urgentes podrían evaluarse fuera del período ordinario.

Qué pidió la defensa de Cristina Kirchner

Los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego presentaron el reclamo tras agotar las vías de revisión judicial en Argentina, según señalaron. Denunciaron presuntas vulneraciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y solicitaron tres medidas provisionales, entre ellas suspender los efectos de la inhabilitación y modificar las condiciones del arresto domiciliario.

La defensa sostiene que la inhabilitación de por vida constituye una restricción desproporcionada de sus derechos políticos, entre ellos los de votar y ser elegida. Kirchner fue excluida del padrón electoral en cumplimiento de la sentencia y actualmente cumple seis años de prisión bajo arresto domiciliario.

Los abogados también cuestionaron la imparcialidad del proceso

Los representantes de la expresidenta alegaron que se le atribuyó responsabilidad penal por actos de gestión administrativa que, a su juicio, no le correspondían. Sostuvieron que eso afectó su capacidad de defenderse adecuadamente.

También denunciaron una presunta asignación irregular de expedientes y cuestionaron vínculos entre jueces, fiscales y dirigentes opositores. Entre sus objeciones incluyeron que la Corte Suprema intervino con tres integrantes y que un magistrado recusado resolvió su propia recusación. Esos señalamientos forman parte del reclamo de la defensa.

Qué puede hacer el comité y cuánto podría demorar

El comité supervisa el cumplimiento del pacto. El procedimiento contempla dar traslado de la denuncia al Estado argentino, recibir sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo del caso, y permitir que la defensa responda. Según la información difundida, ese trámite suele llevar entre dos y tres años.

La Corte Suprema argentina confirmó la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El comité de la ONU puede pronunciarse sobre el reclamo y formular recomendaciones al Estado argentino, pero no puede revocar por sí mismo la sentencia. El cierre de las sesiones sin tratar el caso tampoco equivale a un rechazo de la presentación.

La demora pesa sobre la estrategia electoral de 2027

La posibilidad de recuperar sus derechos políticos forma parte de la disputa interna del peronismo, en la que Kirchner mantiene diferencias con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Una eventual candidatura le permitiría volver a competir. Mientras siga inhabilitada, su margen de acción también pasa por conservar influencia en la negociación de las listas opositoras.

Además de Vialidad, la expresidenta enfrenta los procesos por Cuadernos y Hotesur-Los Sauces. Esas causas son independientes de la presentación ante el comité y continúan por sus propias vías judiciales.

Una delegación kirchnerista llevó el caso a Washington

En paralelo, una comitiva identificada como Cristina Libre se reunió en Washington con Pramila Jayapal y Jesús «Chuy» García, representantes demócratas vinculados al Caucus Progresista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La delegación estuvo integrada por los diputados Jorge Taiana y Vanesa Siley, la economista Delfina Rossi y el parlamentario del Mercosur Franco Metaza. En el encuentro, los dirigentes expusieron la situación judicial de la expresidenta ante los congresistas estadounidenses.

Fuente: Infobae

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