Trump podrá retomar las obras del muro en Big Bend tras una decisión cautelar del Supremo
La Corte suspendió la orden que mantenía paralizadas las obras en el sector de Big Bend. La decisión permite retomar los trabajos mientras continúa el proceso judicial por las exenciones ambientales impugnadas por grupos ecologistas y residentes. La jueza Ketanji Brown Jackson discrepó de la resolución.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos suspendió cautelarmente el bloqueo que impedía construir un tramo del muro fronterizo en el sector de Big Bend, Texas. La resolución permite a la Administración de Donald Trump retomar de inmediato los trabajos, aunque el litigio sigue abierto.
El Departamento de Justicia había solicitado la intervención urgente del máximo tribunal después de que una corte federal de Texas paralizara las obras en octubre. La demanda fue presentada por grupos ecologistas y residentes que cuestionan las exenciones ambientales utilizadas para avanzar con el proyecto.
La disputa gira en torno a las exenciones ambientales
El caso examina la autoridad del secretario de Seguridad Nacional para dejar sin aplicación determinadas normas ambientales al construir infraestructura fronteriza. Esa facultad se apoya en la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal de 1996, conocida como IIRIRA, y en sus disposiciones sobre áreas de alta entrada irregular.
El tribunal de distrito había bloqueado las exenciones al considerar que carecían de una autorización clara del Congreso. El Gobierno recurrió esa decisión y pidió que la construcción pudiera continuar mientras se resolvía la controversia.
Por qué el Supremo considera probable que prospere el recurso
La resolución sostiene que el Ejecutivo tiene una alta probabilidad de demostrar que el tribunal de distrito carecía de jurisdicción para examinar la demanda. El razonamiento se centra en los límites que la ley establece para la revisión judicial de estas decisiones.
Según el Supremo, ese control está restringido a reclamaciones constitucionales. Los cuestionamientos sobre si el Gobierno excedió las facultades que le concede una ley no constituyen, por sí mismos, reclamaciones de ese tipo.
La Corte ponderó la seguridad fronteriza y el costo de la paralización
El tribunal también consideró que el balance de perjuicios favorece al Gobierno. Señaló que la suspensión impide avanzar en los objetivos de seguridad fronteriza del Ejecutivo y genera gastos diarios cercanos a medio millón de dólares que no podrían recuperarse.
Frente a los daños ambientales y recreativos planteados por los demandantes, la Corte sostuvo que el Congreso ya había dado prioridad a una construcción rápida al redactar la ley. Según la resolución, los tribunales no pueden sustituir libremente ese equilibrio por otro.
Una autorización provisional, no el cierre del caso
La decisión fue emitida per curiam, una fórmula que atribuye la resolución al tribunal sin identificar a un autor individual. La jueza Ketanji Brown Jackson manifestó su discrepancia.
El efecto inmediato es levantar la paralización del tramo en disputa y permitir que continúen las obras. La medida es cautelar y no equivale a una sentencia definitiva que cierre el litigio.
Fuente: El Confidencial
