La sesión conjunta del Congreso Nacional convocada para analizar la renuncia del presidente Santiago Peña quedó sin cuórum este jueves, luego de que legisladores oficialistas abandonaran el recinto al advertir que no contaban con los votos necesarios para lograr la aceptación de la dimisión.
La jornada, marcada por un extenso debate político y fuertes cuestionamientos sobre una eventual impunidad, se desarrolló en medio de la crisis institucional generada tras el caso Ueno Bank y el avance previo de un proceso de juicio político contra el mandatario.
La renuncia de Peña había sido presentada formalmente ante el Congreso por el ministro del Interior, Enrique Riera, luego de que durante la mañana el propio presidente anunciara su decisión. Según explicó el ministro, la determinación fue tomada después de que sectores del oficialismo comunicaran su respaldo a la destitución del mandatario.
La falta de votos cambió el rumbo de la sesión
Durante la sesión conjunta de diputados y senadores, el Congreso debía definir si aceptaba o rechazaba la renuncia presidencial. Sin embargo, tras varias horas de debate y cuando se avanzaba hacia el conteo de votos, los sectores oficialistas habrían constatado que no reunían los números necesarios para aprobar la dimisión.
Ante esta situación, legisladores colorados oficialistas se retiraron del recinto, dejando la sesión sin cuórum e impidiendo que se concretara una decisión sobre la renuncia de Santiago Peña.
El desenlace abrió un nuevo escenario de incertidumbre política, ya que la aceptación de la renuncia no solo hubiera activado el mecanismo de sucesión presidencial, sino que también habría tenido consecuencias directas sobre la situación política y judicial del mandatario.
Uno de los principales puntos cuestionados durante el debate fue que, de aceptarse su renuncia, Peña pasaría a ocupar el cargo de senador vitalicio, condición que le otorgaría fueros parlamentarios.
El debate sobre la renuncia y el juicio político
Varios legisladores opositores y disidentes colorados sostuvieron que aceptar la renuncia podría significar interrumpir el proceso de juicio político y abrir la puerta a un escenario de impunidad.
El senador liberal Líder Amarilla recordó que la Cámara de Diputados ya había aprobado por unanimidad el inicio del proceso de juicio político contra Peña. A su criterio, el Congreso debía continuar con ese procedimiento en lugar de aceptar la dimisión presidencial.
Desde la oposición también se cuestionó la posibilidad de que Peña accediera a la senaduría vitalicia. La senadora Celeste Amarilla afirmó que la renuncia no debía interrumpir un proceso político ya iniciado y defendió la necesidad de respetar el procedimiento constitucional.
En la misma línea, la senadora Yolanda Paredes cuestionó que la aceptación de la renuncia pudiera otorgar al mandatario una protección institucional a través de los fueros parlamentarios.
El diputado Raúl Benítez advirtió, por su parte, que intentar cerrar rápidamente la crisis política no resolvería las dudas de la ciudadanía. Sostuvo que el país necesita respuestas sobre el dinero de los ahorristas y sobre las responsabilidades derivadas de la crisis de Ueno Bank.
El senador Rafael Filizzola también insistió en que el caso trasciende al Congreso y afecta a millones de ciudadanos, mientras que otros legisladores opositores reclamaron que la prioridad sea esclarecer los hechos y evitar cualquier forma de privilegio o impunidad.
Colorados disidentes también rechazaron aceptar la dimisión
La postura de rechazar la renuncia no fue exclusiva de la oposición. El diputado colorado disidente Mauricio Espínola manifestó su rechazo a la aceptación de la dimisión y pidió que continúe el juicio político.
En el mismo sentido, el diputado Roberto González sostuvo que Peña no debería recibir el cargo honorífico de senador vitalicio, al considerar que ello implicaría otorgarle una posición institucional que no corresponde en medio de la crisis.
El senador Rubén Velázquez, de Yo Creo, afirmó que la ciudadanía espera una señal clara de que el sistema político no respaldará la impunidad ni los privilegios. También el senador Ignacio Iramain sostuvo que el país necesita claridad y justicia, y defendió la continuidad del juicio político.
Durante la sesión, el senador Carlos Núñez propuso cerrar el debate, moción que fue aprobada. Posteriormente, el Congreso decidió que la votación sobre la renuncia fuera nominal, pero el proceso no llegó a concluir debido a la pérdida del cuórum.
El oficialismo defendía una salida rápida a la crisis
Desde el sector que apoyaba la aceptación de la renuncia, el diputado colorado Yamil Esgaib argumentó que el país necesitaba resolver con rapidez la situación política para evitar que la tensión se prolongara.
Según esa postura, aceptar la dimisión permitiría avanzar hacia una nueva etapa institucional y posteriormente analizar cualquier eventual pedido de desafuero que pudiera surgir.
El diputado colorado Rodrigo Gamarra también defendió que aceptar la renuncia no implicaba justificar ni encubrir las acciones del presidente. Señaló que era necesario restablecer el funcionamiento de las instituciones y priorizar la situación de los ahorristas afectados por la crisis financiera.
Sin notificación oficial sobre una eventual salida del país
Durante el debate, la diputada Johanna Ortega consultó si el Congreso había recibido alguna comunicación oficial sobre una eventual salida de Santiago Peña del territorio nacional, ante versiones que señalaban que podría encontrarse en Argentina.
La Secretaría del Congreso respondió que no existía ninguna notificación presidencial formal sobre una salida del mandatario del país.
Una crisis que continúa abierta
La renuncia de Santiago Peña se produjo en medio de la crisis generada por el caso Ueno Bank y luego de que distintos sectores políticos comenzaran a respaldar el juicio político en su contra.
Incluso la bancada B oficialista de la Cámara de Diputados, integrada por nueve legisladores, había anunciado previamente su decisión de acompañar el proceso contra Peña, aunque sin extender ese respaldo a un eventual juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana.
Con la sesión conjunta sin cuórum y sin una definición sobre la aceptación de la renuncia, el escenario político permanece abierto. El Congreso deberá definir los próximos pasos en una crisis que combina cuestionamientos institucionales, la preocupación de miles de ahorristas y un fuerte debate sobre las responsabilidades políticas y judiciales que podrían derivarse del caso.
La jornada dejó, además, una nueva señal de la profunda división existente dentro del oficialismo y del Congreso Nacional, mientras la ciudadanía continúa a la expectativa de una salida institucional y de respuestas concretas sobre el futuro de los fondos afectados y las responsabilidades por la crisis.
