Un comité británico pide retirar tecnología china de servicios críticos por temor a sabotajes remotos
La propuesta parlamentaria plantea sustituir gradualmente equipos conectados de proveedores considerados de alto riesgo, con prioridad en vehículos oficiales, defensa y emergencias. El comité advierte sobre posibles accesos a datos e interrupciones remotas, mientras el Gobierno rechaza las críticas a su política hacia China.
Un comité de la Cámara de los Comunes pidió prohibir tecnología china en infraestructura crítica del Reino Unido y reemplazar progresivamente equipos conectados de proveedores considerados de alto riesgo. Los parlamentarios advierten sobre posibles accesos externos a información sensible y riesgos de interrupción remota de servicios.
La recomendación, recogida por The Times, prioriza los vehículos del Gobierno, la defensa y los servicios de emergencia. Se trata de una propuesta parlamentaria: el material no informa de una prohibición general ya aprobada, y el Ejecutivo defendió su estrategia frente a las críticas.
Los módulos de conexión móvil concentran parte de la preocupación
Según las cifras citadas por el comité, los fabricantes chinos reúnen hasta el 79% del mercado mundial de módulos celulares para el internet de las cosas. Estos componentes permiten que vehículos, terminales de pago y otros dispositivos intercambien información mediante redes móviles.
Los diputados sostienen que esa concentración aumenta la dependencia de las cadenas de suministro chinas. También consideran que la integración de esos equipos en servicios importantes puede ampliar la exposición a vigilancia, interferencias o interrupciones durante una crisis internacional.
Los vehículos oficiales serían prioritarios para el reemplazo
La propuesta pide identificar los componentes afectados y sustituirlos gradualmente, comenzando por los utilizados en funciones especialmente sensibles. El objetivo anunciado es reducir riesgos en actividades del Gobierno, la defensa y la atención de emergencias.
Los parlamentarios también reclamaron conversaciones urgentes con las compañías de telecomunicaciones para supervisar qué datos transmiten los vehículos conectados a fabricantes extranjeros. Además, pidieron que el Ejecutivo informe al Parlamento sobre los avances dentro de un año.
Un ensayo noruego con un autobús Yutong aparece como antecedente
El comité citó una investigación realizada en Noruega sobre un autobús de la empresa china Yutong. Según el análisis referido, era posible acceder a distancia a equipos conectados con la batería y el motor del vehículo.
Ese hallazgo fue utilizado para ilustrar posibles vulnerabilidades de los sistemas conectados. El material no describe un sabotaje ejecutado contra ese autobús ni demuestra que todos los vehículos de la compañía compartan las mismas condiciones de acceso.
Los autobuses vendidos en Reino Unido presentan una diferencia importante
El propio comité reconoció que los Yutong comercializados en Reino Unido no pueden recibir actualizaciones inalámbricas de software. Esa característica distingue a esos vehículos del escenario que motivó parte de las advertencias parlamentarias.
Los ministros también habían concluido que la seguridad de sus programas cumplía las exigencias gubernamentales. Por tanto, el antecedente noruego acompaña una discusión preventiva sobre riesgos y no una confirmación de que los autobuses británicos hayan sido intervenidos.
Liam Byrne acusa al Gobierno de actuar sin una política clara
El presidente del comité, Liam Byrne, sostuvo que la falta de previsibilidad dificulta que las empresas británicas planifiquen sus inversiones. Acusó al Ejecutivo de improvisar y de dejar decisiones importantes para el último momento.
También reclamó que Londres defina su propia relación con China, en lugar de permitir que quede condicionada por Washington o Beijing. Su propuesta combina controles sobre actividades sensibles con respaldo al comercio en áreas donde los riesgos puedan gestionarse.
El comité propone identificar países de riesgo y no solo proveedores
El informe cuestionó que el Gobierno prefiera evaluar individualmente a cada proveedor en lugar de crear un registro de países que representen amenazas para las redes. Los diputados consideran insuficiente ese enfoque para determinados componentes e infraestructuras.
Según su argumento, una evaluación centrada únicamente en empresas puede ser eludida mediante cambios de denominación. Identificar el país de origen facilitaría, a su juicio, establecer restricciones y organizar el reemplazo de equipos considerados comprometidos.
Una fábrica de turbinas y British Steel alimentan las críticas
Entre los ejemplos mencionados figura el bloqueo de una inversión de £1.500 millones de Ming Yang para instalar una fábrica de turbinas eólicas. La operación fue frenada por motivos de seguridad nacional no especificados, después de años de debate.
Los parlamentarios también citaron la toma de control de British Steel frente a sus propietarios chinos. Interpretaron ambos episodios como muestras de una política reactiva, inconsistente y poco transparente, en lugar del enfoque estratégico prometido en 2024.
Las zonas roja y verde ordenarían la relación comercial
El comité plantea una “zona roja” de capacidades estratégicas que deben permanecer bajo control soberano británico, excluidas del comercio y la inversión chinos. Esa categoría reuniría actividades cuyo valor para la seguridad justificaría restricciones más severas.
En una “zona verde”, propone fomentar intercambios y apoyar especialmente a las pequeñas empresas. Entre las medidas sugeridas aparecen negociar un mejor acceso a mercados, ampliar la financiación para exportaciones y ofrecer orientación más clara a las compañías.
El Gobierno rechaza las conclusiones y sostiene su enfoque
El Ejecutivo rechazó la valoración del comité y defendió que mantiene una política coherente. Su respuesta resume la estrategia en cooperar con China cuando sea posible y cuestionarla cuando resulte necesario.
El debate sigue abierto entre la evaluación de proveedores defendida por el Gobierno y las restricciones más amplias propuestas por los diputados. El informe parlamentario reclama cambios, pero no constituye por sí mismo una orden de retirada de los equipos.
Fuente: Infobae
