Texas reclama nueve islas del Río Bravo y México exige respetar los tratados fronterizos
Texas autorizó a sus fuerzas de seguridad a ingresar, limpiar y patrullar nueve islas entre Laredo y McAllen. La Cancillería mexicana sostuvo que la delimitación internacional corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas y que las actuaciones deben ajustarse al tratado bilateral de 1970.
El Gobierno de Texas anunció que considera de propiedad estatal nueve islas del Río Bravo y autorizó el acceso de sus fuerzas de seguridad para realizar tareas de limpieza y patrullaje. La decisión afecta a porciones de tierra ubicadas en la franja fronteriza entre Laredo y McAllen.
México respondió que la determinación del límite internacional corresponde exclusivamente a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA). La controversia plantea tanto la ubicación de la frontera como la titularidad de los terrenos, sin que la declaración texana implique por sí sola una modificación reconocida del límite entre ambos países.
La autorización surgió después de una consulta sobre 28 islas
La comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, remitió un oficio el 26 de octubre al general Thomas Suelzer, responsable del Departamento Militar estatal, y al coronel Freeman Martin, director del Departamento de Seguridad Pública. Allí comunicó la autorización para acceder a las islas.
Según el documento, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense había solicitado información sobre 28 islas cuya propiedad se consideraba pendiente de determinar. Tras revisar esa solicitud, la Oficina General de Tierras de Texas anunció su decisión respecto de nueve de ellas.
Texas asegura que revisó mapas y registros históricos
Un portavoz de la Oficina General de Tierras explicó que la dependencia utilizó mapas históricos, levantamientos topográficos, fotografías aéreas y otros registros geográficos para determinar la titularidad. El argumento estatal es que esa revisión permite identificar terrenos pertenecientes a Texas.
La oficina sostuvo que la incertidumbre previa dificultaba el acceso de las fuerzas estatales y las operaciones de seguridad fronteriza. Según su explicación, existían dudas sobre si las islas correspondían al Estado, al Gobierno federal estadounidense o a México.
México recuerda que el límite depende del cauce del río
La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana señaló que el Tratado de Límites de 1970 establece que la frontera sigue el centro del cauce normal del Río Bravo. Por ello, los movimientos naturales del río pueden influir en la pertenencia de las islas.
La Cancillería subrayó que corresponde a la CILA determinar el límite internacional. También afirmó que cualquier obra o acción que se pretenda realizar en esos terrenos requiere la consideración y aprobación de ambas secciones de la comisión, conforme al artículo IV del tratado.
La decisión sobre la frontera no corresponde a un gobierno estatal
Rosario Sánchez, directora de Aguas Binacionales, explicó que las decisiones sobre límites y aguas federales no son una competencia estatal. La organización reúne a científicos y especialistas que trabajan sobre los recursos hídricos de la región fronteriza.
Según Sánchez, la CILA es la instancia que debe evaluar si la erosión, la sedimentación o una inundación modifican la ubicación de las islas o del canal. También le corresponde determinar si esos cambios naturales implican una alteración de la frontera.
La propiedad puede involucrar a Texas o al Gobierno federal
Gabriel Eckstein, especialista en derecho del agua de la Universidad de Texas A&M, planteó que la discusión también debe distinguir entre territorio estadounidense y propiedad estatal. Una isla situada del lado estadounidense no necesariamente pertenece al Gobierno de Texas.
El académico explicó que una isla integrada en Texas desde su incorporación como Estado en 1845 podría tener una situación distinta de otra adquirida por Estados Unidos mediante el tratado de 1970. En este último supuesto, señaló, la titularidad correspondería al Gobierno federal.
Un especialista cuestiona que las islas fueran consideradas sin dueño
Eckstein, también presidente de la Asociación Internacional de Derecho de Aguas, rechazó la idea de que los terrenos carecieran de propietario. Según su análisis, los tratados internacionales ya habían establecido límites y criterios de titularidad, aunque persistieran diferencias sobre su interpretación.
El especialista sostuvo que los argumentos vinculados con inmigración y narcotráfico añaden complejidad al caso. Su planteamiento diferencia la preocupación por la seguridad de la cuestión jurídica sobre qué autoridad tiene competencia y a quién pertenece cada isla.
Texas no confirmó actividades delictivas en las nueve islas
En el oficio, Buckingham reconoció que no se había confirmado la existencia de actividades delictivas en estas islas adicionales. La justificación preventiva se apoya en experiencias anteriores de uso de terrenos fronterizos por cárteles y contrabandistas.
La autorización busca permitir que las fuerzas estatales ingresen, retiren vegetación y patrullen para mantener lo que Texas denomina la “seguridad operativa” de la frontera sur. Esa finalidad es el argumento presentado por las autoridades para respaldar la medida.
La isla Fronton constituye un antecedente de la controversia
En 2023, la Oficina General de Tierras declaró como terreno estatal a la isla Fronton, de unos 170 acres, ubicada en el condado de Starr. Después, el Departamento de Seguridad Pública y las fuerzas militares de Texas eliminaron vegetación mediante la operación Flat Top.
Según el reporte, aquella intervención contribuyó a desarticular actividades delictivas en el lugar, mientras la decisión sobre la isla continúa bajo consideración de la CILA. El antecedente muestra que el debate sobre estas actuaciones precede al anuncio de las nueve islas.
La comisión binacional todavía no había respondido públicamente
El Tratado de Límites fue firmado el 23 de noviembre de 1970 para resolver diferencias territoriales, restituir al Río Bravo su carácter fronterizo y regular futuros cambios en los cauces. Ese acuerdo es el marco invocado por México ante la decisión texana.
Al momento de la publicación del reporte, ninguna de las dos secciones de la CILA había respondido a las consultas periodísticas. Por ahora, permanecen enfrentadas la declaración de titularidad de Texas y la exigencia mexicana de que cualquier actuación respete los procedimientos bilaterales.
Fuente: EL PAÍS
