La fuga de Flávio Bolsonaro desata una batalla judicial en Argentina: investigan si funcionarios de Milei facilitaron su salida hacia Miami
Mientras un fiscal de Misiones pidió desestimar la denuncia al considerar que el político brasileño no tenía impedimentos para ingresar a Argentina, una jueza federal de Buenos Aires ordenó preservar filmaciones y solicitar informes oficiales.
RICARDO ARDUENGO – AFP
El ingreso a Argentina y posterior viaje hacia Estados Unidos del político brasileño Flávio Bolsonaro provocó una controversia judicial que involucra a funcionarios del gobierno del presidente Javier Milei.
Mientras la Justicia federal de Misiones avanzó hacia la desestimación de una denuncia, en los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, se ordenaron medidas para conservar posibles pruebas y determinar si existió alguna intervención irregular de funcionarios argentinos.
El fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, solicitó desestimar la presentación después de recibir informes oficiales que indicaban que Bolsonaro no tenía impedimentos legales para ingresar al territorio argentino.
Sin embargo, esa decisión todavía debe ser examinada por un fiscal de revisión, conforme al sistema procesal acusatorio que funciona en Misiones.
La situación es diferente en Buenos Aires, donde la jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso actuaciones preliminares relacionadas con el mismo episodio.
La Justicia de Buenos Aires ordena conservar videos y solicitar informes
La jueza Capuchetti pidió a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Cancillería argentina que informen si Flávio Bolsonaro tenía alguna restricción que le impidiera ingresar al país.
También ordenó preservar los registros de las cámaras de seguridad del Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con Argentina, y del aeropuerto de Puerto Iguazú.
La medida busca evitar que se pierdan imágenes que podrían resultar relevantes para establecer cómo se desarrolló el ingreso del político brasileño, quiénes lo acompañaban y qué controles se realizaron.
Las actuaciones responden a una presentación de la fiscal Paloma Ochoa, quien había solicitado diez medidas de prueba antes de decidir si corresponde impulsar formalmente una investigación penal.
Capuchetti autorizó inicialmente solo una parte de esas diligencias.
Por el momento, la preservación de pruebas no significa que se haya demostrado la comisión de un delito ni que exista una acusación penal formal contra los funcionarios mencionados.
Cómo fue el recorrido desde Brasil hasta Miami
Según los registros de Migraciones citados por LA NACION, Flávio Bolsonaro ingresó a Argentina a las 22:50 del 27 de octubre de 2026 por el paso fronterizo que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú.
Lo acompañaban su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas.
Poco después, a las 00:21 del 28 de octubre, despegó desde el aeropuerto de Puerto Iguazú un avión privado Gulfstream, perteneciente a la empresa Baires Fly.
La aeronave, que llevaba aproximadamente 24 horas esperando en el aeropuerto, realizó una escala técnica en Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia el aeropuerto ejecutivo de Opa Locka, en Miami.
De acuerdo con el manifiesto de vuelo, Bolsonaro utilizó un pasaporte italiano para viajar.
El episodio generó controversia porque el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes le había prohibido salir del país y había ordenado la entrega de sus pasaportes.
El político brasileño es investigado en su país por presuntos delitos financieros relacionados con plataformas de apuestas y por otro expediente vinculado a supuestos desvíos de fondos.
Estas investigaciones no equivalen a una condena.
El Gobierno argentino sostiene que no existían impedimentos migratorios
La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Bolsonaro cruzó la frontera con documentación en regla y que no registraba un pedido de captura ni una restricción que impidiera su ingreso a Argentina.
Desde la Casa Rosada también aseguraron que se cumplieron los procedimientos legales correspondientes.
La posición oficial sostiene que una prohibición de salida dictada por la Justicia brasileña no implica automáticamente que las autoridades migratorias argentinas deban impedir el ingreso de una persona.
Esta interpretación fue uno de los elementos considerados por el fiscal Fabián Martínez para solicitar el cierre de la denuncia presentada en Puerto Iguazú.
No obstante, las actuaciones en Buenos Aires buscan establecer si, además del procedimiento migratorio, existió alguna colaboración indebida por parte de funcionarios argentinos para facilitar el traslado hacia Estados Unidos.
La presencia atribuida a Santiago Caputo aumenta la controversia
Uno de los aspectos que despertó mayor atención fue un procedimiento policial realizado durante la madrugada del 28 de octubre sobre la ruta nacional 12, en Misiones.
Según un acta de la Unidad Regional IV citada por el diario argentino, a las 02:50 una patrulla detuvo una caravana procedente de Puerto Iguazú.
En una camioneta Toyota Hiace con patente diplomática de la Entidad Binacional Yacyretá, el documento policial ubicó al asesor presidencial Santiago Caputo.
De acuerdo con esa versión, el ocupante se identificó como consultor político y asesor de Milei, y solicitó que no demoraran el procedimiento para poder continuar su viaje.
Delante circulaba una Ford Ranger conducida por Jorge Omar Waisman, jefe de Seguridad de Yacyretá y señalado como amigo de Caputo.
Sin embargo, al ser consultado por LA NACION, Santiago Caputo negó haber participado en ese control policial.
La contradicción entre el contenido del acta y la respuesta del asesor presidencial constituye uno de los puntos que podrían requerir aclaraciones.
El material disponible no demuestra que la caravana haya intervenido en el traslado de Bolsonaro ni que exista una conexión delictiva entre ambos episodios.
Las denuncias contra funcionarios de Milei y la reacción política
La controversia comenzó a adquirir dimensión judicial después de varias presentaciones contra integrantes del gobierno argentino.
El dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano denunció al presidente Javier Milei y a funcionarios de su administración por presuntos delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos.
Por su parte, el diputado Esteban Paulón presentó otra denuncia por supuesto encubrimiento agravado contra Milei, el canciller Pablo Quirno y el asesor Santiago Caputo.
Esa presentación quedó radicada en el juzgado del magistrado Sebastián Ramos, aunque se contempla la posibilidad de que sea incorporada al expediente que tramita ante Capuchetti.
La diputada Marcela Pagano, quien había impulsado la denuncia en Misiones, cuestionó públicamente el pedido de desestimación formulado por el fiscal Martínez.
Pagano acusó al Gobierno de ejercer presiones para impedir que se conozcan posibles pruebas y anunció que también había presentado una denuncia ante los tribunales federales de Brasil.
Las afirmaciones de la legisladora constituyen denuncias políticas que, según la información disponible, no han sido acreditadas judicialmente.
Qué puede ocurrir ahora con las investigaciones
El caso presenta dos escenarios judiciales distintos.
En Misiones, un fiscal de revisión deberá analizar el pedido de desestimación y determinar si corresponde confirmar esa decisión.
En Buenos Aires, la fiscal Paloma Ochoa tendrá que evaluar los informes oficiales y las pruebas disponibles para decidir si solicita formalmente la apertura de una investigación penal.
Mientras tanto, la orden de conservar las filmaciones busca garantizar que los registros de los pasos fronterizos y del aeropuerto permanezcan disponibles para eventuales diligencias posteriores.
El punto central consiste en determinar si el ingreso y la salida de Flávio Bolsonaro fueron procedimientos migratorios regulares o si existió alguna participación irregular de funcionarios públicos.
Por ahora, las autoridades migratorias argentinas sostienen que el político brasileño tenía documentación válida y no registraba impedimentos para entrar al país, mientras las denuncias sobre una supuesta colaboración oficial continúan sin resolución definitiva.
Fuente: LA NACION
