El DHS propone revisar de nuevo las extensiones de visas laborales y prevé más demoras
El proyecto busca eliminar la deferencia hacia aprobaciones anteriores en determinadas peticiones de extensión. El DHS estima que aumentarán los requerimientos de documentación y los tiempos de resolución en los casos afectados.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos propone eliminar la deferencia hacia determinadas aprobaciones migratorias previas al evaluar solicitudes de extensión de estatus laboral. El cambio permitiría revisar nuevamente los requisitos de cada expediente, aunque involucre a las mismas partes y circunstancias de una petición anteriormente autorizada.
La iniciativa podría aumentar los pedidos de documentación adicional y prolongar algunos trámites ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, Uscis. Según el material difundido, todavía es un proyecto sujeto a consulta pública, con plazo para presentar observaciones hasta el 13 de noviembre.
Qué cambiaría en las extensiones laborales
La propuesta contempla derogar la disposición 8 CFR 214.1(c)(5), que establece la deferencia hacia decisiones favorables anteriores bajo determinadas condiciones. Si se aprueba, los funcionarios podrían volver a examinar la elegibilidad sin tener que justificar previamente por qué se apartan de aquella aprobación.
El DHS sostiene que cada petición debe demostrar que se siguen cumpliendo los requisitos del beneficio solicitado. Desde esa perspectiva, una resolución favorable anterior no debería sustituir las pruebas correspondientes al nuevo trámite.
Las categorías comprendidas en el proyecto
La medida contempla peticiones de trabajadores no inmigrantes presentadas mediante el formulario I-129. Entre las categorías mencionadas se encuentran las H-2A y H-2B, destinadas a empleos temporales agrícolas y no agrícolas, respectivamente.
También figuran las clasificaciones H-1B, L-1, TN, E-1, E-2, E-3, O-1, P-1, P-2, P-3, Q-1 y R-1. La propuesta se describe por categorías migratorias y tipos de petición, sin establecer una aplicación exclusiva a personas latinoamericanas.
Los familiares dependientes que soliciten extender su permanencia mediante el formulario I-539 también podrían verse alcanzados por cambios relacionados con sus expedientes.
Cómo podría repercutir en algunos permisos de trabajo
El proyecto descrito se concentra en las extensiones de estatus y peticiones laborales. El posible efecto sobre algunos Documentos de Autorización de Empleo, conocidos como EAD, sería indirecto, por la relación entre el permiso y el estatus migratorio del titular o de su familiar.
El artículo menciona el caso de una persona cuya autorización de empleo depende de que su cónyuge con categoría H-1B mantenga su estatus. Una demora en el trámite principal podría complicar también la gestión vinculada a ese permiso, sin que ello implique una modificación general de todos los EAD.
Más documentación y plazos mayores en ciertos casos
Las estimaciones administrativas anticipan un aumento de 2,9 puntos porcentuales en la tasa de Solicitudes de Evidencia, o RFE, equivalente a unas 6.044 solicitudes adicionales por año. Estos requerimientos permiten a Uscis pedir información antes de resolver.
El análisis estima 64 días calendario adicionales en promedio para los expedientes que reciban una RFE. También compara una mediana de procesamiento de 12 días en casos sin ese requerimiento con 76 días en aquellos que necesitan pruebas complementarias.
Son proyecciones administrativas: no significan que todas las extensiones recibirán pedidos adicionales ni que tendrán la misma demora. El DHS calcula, además, unos US$133.987 anuales adicionales para los empleadores por la preparación y presentación de documentación.
La decisión regulatoria sigue pendiente
El DHS fundamenta la iniciativa en la obligación del solicitante o peticionario de acreditar su elegibilidad. También argumenta que dar continuidad a aprobaciones anteriores podría mantener errores basados en información incompleta, incorrecta o desactualizada.
Una vez cerrado el período de comentarios, el Gobierno podrá evaluar las observaciones y decidir cómo avanzar. La información presentada no establece una fecha de entrada en vigor ni permite describir el proyecto como una regla final ya aplicable.
Fuente: LA NACION
