América Latina necesita hasta USD 31.000 millones al año para infraestructura resiliente
Un estudio respaldado por CAF estima que América Latina y el Caribe necesitan hasta USD 31.000 millones anuales para fortalecer infraestructura frente a inundaciones y huracanes. También propone seguros, fondos contingentes y planificación para reducir pérdidas y acelerar la recuperación.
América Latina y el Caribe necesitan invertir hasta USD 31.000 millones anuales en infraestructura preparada para resistir inundaciones y huracanes, según un informe elaborado por la Fundación Iberoamericana Empresarial con apoyo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
El documento plantea sumar otros USD 15.000 millones hasta 2030 para adaptación y gestión del riesgo de desastres. La propuesta combina obras físicas con mecanismos financieros que permitan reducir las pérdidas y recuperar con mayor rapidez los servicios y las actividades económicas.
Una región expuesta a pérdidas humanas y económicas
Según los datos incluidos en el estudio, cuatro de cada diez habitantes de la región sufrieron el impacto de algún desastre durante los últimos 50 años. En ese período, las catástrofes dejaron casi 100.000 muertos y pérdidas económicas superiores a USD 360.000 millones.
Las consecuencias afectan de manera diferente a cada territorio. Las comunidades con infraestructura más frágil y menos recursos financieros encuentran mayores obstáculos para restablecer servicios, reparar daños y recuperar sus actividades después de una emergencia.
Rutas y puentes tienen un papel estratégico
El informe destaca la necesidad de identificar los activos cuya interrupción puede provocar mayores consecuencias económicas y sociales. En transporte y logística, los daños en rutas, puentes y accesos pueden extender los efectos de una inundación o un huracán mucho más allá del área directamente afectada.
Cuando esas conexiones quedan fuera de servicio, también se alteran las cadenas de abastecimiento, la producción y el comercio. Por eso, el documento propone priorizar las inversiones según los riesgos y la importancia de cada infraestructura para el funcionamiento de las comunidades.
Preparar los recursos antes de la emergencia
Además de construir y reforzar obras, el estudio plantea mejorar la resiliencia financiera: contar con dinero y mecanismos de respuesta definidos antes de que ocurra una catástrofe. El objetivo es reducir la dependencia de ayudas extraordinarias y reasignaciones presupuestarias posteriores.
Entre las herramientas mencionadas aparecen los seguros, los fondos contingentes y las alianzas público-privadas. Estos instrumentos podrían facilitar la reparación de daños y el restablecimiento de actividades sin esperar a resolver toda la financiación después del desastre.
Los seguros complementarían las alertas y la protección civil
Los autores proponen que la cobertura financiera acompañe los avances en protección civil y sistemas de alerta temprana. También recomiendan incorporar el riesgo de catástrofes de manera sistemática a la planificación fiscal, territorial y financiera.
Según el documento, los seguros pueden proteger activos y disminuir la necesidad de realizar ajustes presupuestarios bruscos durante la recuperación. Las innovaciones tecnológicas y financieras también podrían ampliar la cobertura y facilitar desembolsos rápidos y verificables.
Prevenir puede resultar menos costoso que reconstruir
El informe cita datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres según los cuales cada dólar destinado a prevención puede generar hasta USD 15 de ahorro en la recuperación posterior. Esa estimación respalda el argumento económico de anticiparse a los daños.
Para la infraestructura, el documento señala una relación específica: cada dólar invertido en aumentar su resistencia representa aproximadamente USD 4 de ahorro en reconstrucción. Son estimaciones que muestran el potencial de la prevención, no un rendimiento idéntico para todos los proyectos.
Una propuesta para la agenda iberoamericana
Las conclusiones serán presentadas como una contribución a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, prevista para el 4 y 5 de noviembre en Madrid. El planteamiento busca dar mayor espacio a la prevención dentro de las decisiones de inversión.
La propuesta apunta a combinar infraestructura resistente, identificación de riesgos y financiación anticipada. Para las economías de la región, esa preparación puede ayudar a proteger a la población y sostener conexiones esenciales cuando un evento extremo interrumpe la vida cotidiana.
Fuente: Infobae
