Comerciantes de Nueva York preparan una demanda contra el plan de supermercados públicos de Zohran Mamdani
Una coalición de comerciantes y propietarios de pequeños negocios de Nueva York anunció que impulsará una demanda contra el plan del alcalde Zohran Mamdani de abrir cinco supermercados públicos. Los empresarios sostienen que el proyecto generará una competencia desigual al utilizar recursos y propiedades del Estado.
Un amplio grupo de comerciantes de Nueva York se prepara para iniciar acciones legales contra la administración del alcalde Zohran Mamdani, en rechazo al proyecto que contempla la apertura de cinco supermercados públicos en distintos puntos de la ciudad. Los empresarios consideran que la iniciativa, financiada con fondos municipales, perjudicará a miles de pequeños negocios que ya enfrentan dificultades económicas.
El programa prevé una inversión pública de 70 millones de dólares y tiene como objetivo ofrecer alimentos a precios más bajos para aliviar el costo de vida de las familias neoyorquinas. Sin embargo, los propietarios de bodegas y supermercados independientes sostienen que las nuevas tiendas competirán con ventajas que el sector privado no posee.
Los comerciantes cuestionan una competencia desigual
La Coalición Empresarial Multicultural, integrada por unas 50 cámaras de comercio de distintos sectores y comunidades migrantes, aprobó avanzar con una demanda para intentar frenar el proyecto antes de su implementación.
Según sus representantes, los supermercados municipales operarían en inmuebles pertenecientes a la ciudad y no afrontarían gastos como alquileres, lo que les permitiría vender productos a precios inferiores a los del mercado y afectar directamente a los comercios de barrio.
Los dirigentes de la organización también señalan que los pequeños negocios ya soportan una fuerte presión por el aumento de los alquileres, la carga impositiva, el acceso limitado al financiamiento y los constantes robos registrados en distintos sectores de la ciudad.
Buscan reunir un millón de dólares para el litigio
La coalición anunció que impulsará una campaña para recaudar un millón de dólares, monto que será destinado a financiar el proceso judicial y otras acciones de difusión para visibilizar el impacto que, según afirman, tendría el programa sobre los negocios familiares.
Al reclamo también se sumaron organizaciones como la Asociación Nacional de Supermercados y United Bodegas of America, que advierten que las tiendas públicas podrían poner en riesgo la continuidad de cientos de comercios, especialmente en barrios de bajos ingresos donde ya existe una amplia red de bodegas.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la instalación de uno de los supermercados en La Marqueta, en Harlem del Este, una zona donde actualmente funcionan numerosos comercios de proximidad.
La alcaldía defiende el proyecto
Desde la administración de Zohran Mamdani rechazaron las críticas y aseguraron que el objetivo del programa no es reemplazar ni perjudicar a los comercios existentes, sino facilitar el acceso a alimentos más económicos para la población.
El alcalde explicó que los supermercados públicos no venderán productos como comida preparada, bebidas alcohólicas, cigarrillos o boletos de lotería, rubros que representan una parte importante de los ingresos de muchas bodegas.
Además, destacó que las nuevas tiendas buscarán reducir de forma permanente el precio de los productos esenciales, con descuentos que podrían alcanzar el 30 %, permitiendo un ahorro promedio cercano a 90 dólares mensuales por hogar, según las estimaciones oficiales.
El primer supermercado abriría en 2027
El proyecto contempla la apertura de cinco supermercados municipales, uno en cada distrito de Nueva York. La primera tienda está prevista para finales de 2027 en Hunts Point, en el Bronx, una zona identificada por la alcaldía con altos niveles de inseguridad alimentaria.
Mientras el gobierno municipal sostiene que la iniciativa busca aliviar el costo de la canasta básica y mejorar el acceso a alimentos, los comerciantes mantienen su postura de acudir a los tribunales al considerar que el uso de recursos públicos alterará las condiciones de competencia y pondrá en riesgo la supervivencia de miles de pequeños negocios en la ciudad.
Fuente: Infobae
