La Justicia peruana confirmó este miércoles el archivo definitivo del denominado caso Cócteles, que involucraba a la líder política Keiko Fujimori por presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, que rechazó los recursos presentados por el Ministerio Público y la Procuraduría Especializada en Delitos de Lavado de Activos, ratificando así la ejecución de la sentencia emitida previamente por el Tribunal Constitucional.

Ratifican la ejecución del fallo constitucional

El principal punto de discusión se centró en la forma en que debía ejecutarse la sentencia del Tribunal Constitucional.

Mientras la Fiscalía sostenía que el expediente debía regresar a la etapa de investigación preliminar para una nueva evaluación, la Sala concluyó que correspondía al juez de investigación preparatoria ejecutar directamente el mandato constitucional y resolver la situación jurídica de los procesados.

Los magistrados señalaron que la sentencia del Tribunal Constitucional debía tener efectos concretos y no limitarse a una declaración formal, por lo que resultaba necesario adoptar medidas que restituyeran los derechos considerados vulnerados durante el proceso.

Sobreseimiento definitivo de las imputaciones

La Sala determinó que la consecuencia jurídica adecuada era el sobreseimiento definitivo de los cargos de lavado de activos y organización criminal.

Según la resolución, el Tribunal Constitucional ya había descartado la viabilidad legal de continuar la persecución penal bajo esos delitos, por lo que devolver el caso a la Fiscalía carecía de fundamento jurídico.

Los jueces consideraron que insistir en nuevas investigaciones sobre los mismos hechos vulneraría principios fundamentales reconocidos por la Constitución.

El principio de legalidad fue clave en la decisión

Uno de los aspectos centrales analizados por el Tribunal Constitucional fue la aplicación del principio de legalidad penal.

La sentencia concluyó que parte de la acusación se sustentaba en interpretaciones jurídicas incompatibles con las garantías constitucionales, especialmente en lo relacionado con la tipificación de los delitos investigados.

Por ello, la Sala sostuvo que no se trataba únicamente de corregir errores procesales, sino de poner fin a una persecución penal declarada incompatible con derechos fundamentales.

El fallo también alcanza a otros investigados

Los magistrados evaluaron además si los efectos de la sentencia debían beneficiar únicamente a Keiko Fujimori o extenderse a otros involucrados en el caso.

Finalmente concluyeron que existía una relación directa entre las imputaciones formuladas contra varios coprocesados, ya que todas se sustentaban en los mismos hechos vinculados a presuntos aportes de campaña.

Por ese motivo, los efectos del sobreseimiento también fueron extendidos a otros investigados comprendidos dentro de la misma hipótesis fiscal.

Situación de Mark Vito

La resolución también analizó la situación de Mark Vito Villanella y de la empresa MVV Bienes Raíces S.A.C.

Tras revisar los antecedentes, la Sala concluyó que las acusaciones formuladas en su contra no contaban con una fuente ilícita independiente de los hechos ya cuestionados por el Tribunal Constitucional.

En consecuencia, revocó la decisión que mantenía vigente la acusación y extendió a su favor los efectos del archivo definitivo del proceso.

Decisión de cumplimiento obligatorio

Los magistrados recordaron que las resoluciones del Tribunal Constitucional poseen carácter vinculante para todas las instituciones del Estado, incluidos jueces y fiscales.

Asimismo, señalaron que la prolongación del proceso durante varios años hacía necesario brindar una solución definitiva que garantizara el respeto al derecho al plazo razonable y a la seguridad jurídica de los involucrados.

Con esta decisión, queda cerrado uno de los procesos judiciales más emblemáticos y polémicos de la política peruana de los últimos años.

Fuente: Infobae