EE. UU. vs. Europa: Macron califica de “intimidación” veto de visado a Thierry Breton y cinco europeos en medio de una crisis transatlántica
Un conflicto diplomático sin precedentes por la regulación digital
La relación entre Estados Unidos y la Unión Europea entró en una nueva fase de tensión cuando la administración del presidente Donald Trump anunció el veto de entrada (prohibición de visado) a cinco ciudadanos europeos, entre ellos el excomisario europeo francés Thierry Breton, por lo que Washington considera un intento de coaccionar a las plataformas estadounidenses para censurar voces y contenidos norteamericanos.
El veto incluye no solo a Breton —quien fue comisario europeo responsable del mercado interno y uno de los principales impulsores de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE— sino también a otros cuatro individuos vinculados a organizaciones que combaten el odio y la desinformación en internet.
¿Qué dijo Macron y cómo reaccionó Europa?
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó la medida como un “acto de intimidación y coerción” dirigido a socavar la soberanía digital europea y la capacidad de la Unión para legislar sobre su propio espacio digital. Macron afirmó que las normas digitales de Europa fueron adoptadas democráticamente por sus instituciones y que no se deben determinar fuera del territorio europeo.
El ministro de Exteriores francés, Jean‑Noël Barrot, sostuvo que los pueblos europeos son libres y soberanos, y no permitirán que otros les impongan reglas sobre internet.
La Comisión Europea, por su parte, expresó su fuerte condena y ha solicitado explicaciones a Washington, advirtiendo que podría responder “rápida y decisivamente” para defender su autonomía regulatoria si lo considera necesario.
Gobiernos de Alemania, España y Reino Unido también se sumaron a la crítica, calificando las medidas como inaceptables y defendiendo el derecho de la UE a regular su propio mercado digital libre de interferencias externas.
¿Quiénes están vetados por EE. UU. y por qué?
La administración estadounidense, a través del secretario de Estado Marco Rubio, dijo que estas cinco personas han liderado esfuerzos para presionar a empresas tecnológicas estadounidenses a censurar, desmonetizar o suprimir opiniones que no comparten, algo que, según Washington, constituye censura extraterritorial.
Entre los vetados se encuentran:
- Thierry Breton – excomisario europeo y uno de los principales arquitectos de la Ley de Servicios Digitales (DSA).
- Imran Ahmed – director ejecutivo del Center for Countering Digital Hate.
- Anna‑Lena von Hodenberg y Josephine Ballon – representantes de la organización alemana HateAid.
- Clare Melford – cofundadora del Global Disinformation Index.
La administración estadounidense describió al grupo como promotores de una “censura extraterritorial”, alegaciones que los afectados y sus gobiernos rechazan categóricamente.
La Ley de Servicios Digitales (DSA) en el centro del conflicto
La DSA —aprobada por los 27 miembros de la UE— busca combatir contenidos ilegales, discurso de odio y desinformación en las plataformas digitales, así como aumentar la transparencia y la responsabilidad de las grandes tecnológicas como X (antes Twitter), Meta y otras.
Bruselas mantiene que la DSA fue adoptada por procesos democráticos internos y que no tiene efectos extraterritoriales, mientras que Washington argumenta que las medidas imponen cargas excesivas sobre empresas tecnológicas estadounidenses y restringen la libertad de expresión de sus ciudadanos.
Recientemente, la UE multó a X con más de 120 millones de euros por falta de cumplimiento de obligaciones de transparencia establecidas por la DSA, factor que habría incrementado la fricción con el gobierno de Trump.
Repercusiones y tensiones transatlánticas
La disputa se suma a un contexto más amplio de tensiones entre Estados Unidos y la UE sobre comercio, libertad de expresión, regulación de tecnología y cooperación estratégica. La controversia pone en evidencia diferencias profundas sobre quién define las normas que rigen el espacio digital global, y abre la posibilidad de que Bruselas adopte medidas de respuesta si lo considera necesario.
Mientras tanto, algunos activistas vetados han respondido con acciones legales en Estados Unidos, y otros señalan que las sanciones pueden afectar derechos de habeas corpus y la libertad de hacer su trabajo en defensa de un internet más seguro.
