Acusan posible desvío de $7.000 millones del Fondo Verde: el enfrentamiento entre el gobierno de Trump y organizaciones climáticas
Un tuit que incendia el debate
El 21 de junio de 2025, la cuenta “ⁿᵉʷˢ Barron Trump 🇺🇸 @BarronTNews_” publicó un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales. El tuit afirmaba que el expresidente Barack Obama y el presidente Joe Biden orquestaron un desvío de 7.000 millones de dólares del erario público a través de una ONG llamada Climate United Fund, calificando el hecho como “el mayor robo a los contribuyentes de la historia de Estados Unidos”. La publicación acusaba al fondo de ser una “pantalla sin control” destinada a financiar redes demócratas, con vínculos a figuras políticas como Stacey Abrams, y apuntaba a la falta de auditorías o supervisión legal.
Aunque el tono del tuit es claramente ideológico y no representa información verificada, su difusión puso en el centro del debate público una controversia real: la asignación de miles de millones de dólares a través del Greenhouse Gas Reduction Fund durante la administración Biden, y su posterior congelamiento bajo el nuevo gobierno republicano liderado por Donald J. Trump, en su segundo mandato desde enero de 2025.
GITMO FILES EXPOSED: OBAMA & BIDEN’S $7 BILLION SHELL SCHEME — THE LARGEST TAXPAYER HEIST IN U.S. HISTORY
— ⁿᵉʷˢ Barron Trump 🇺🇸 (@BarronTNews_) June 22, 2025
BOMBSHELL: The Biden-Obama cartel just siphoned $7 BILLION of YOUR money into a fake “climate nonprofit” called the Climate United Fund—a shell operation with zero oversight… pic.twitter.com/erKsyZ9Bye
Origen del fondo: una política climática ambiciosa
El Greenhouse Gas Reduction Fund (GGRF) fue creado en 2022 mediante la Inflation Reduction Act, aprobada durante el mandato de Biden. Este fondo fue dotado con 27.000 millones de dólares para invertir en soluciones climáticas comunitarias, como energías renovables, eficiencia energética y electrificación de viviendas. Bajo este marco, se creó el National Clean Investment Fund (NCIF), con una asignación de 14.000 millones.
En abril de 2024, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) otorgó 6.970 millones de dólares a una coalición liderada por el Climate United Fund, una organización sin fines de lucro formada recientemente, asociada con Calvert Impact, Self-Help y otras entidades. El anuncio fue celebrado por la entonces vicepresidenta Kamala Harris, como un paso hacia la “justicia climática”.
Congelamiento bajo la nueva administración
Con la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, el nuevo administrador de la EPA, Lee Zeldin, anunció una revisión completa de las subvenciones otorgadas. En febrero, la agencia solicitó a Citibank la suspensión de los fondos, alegando “potencial fraude, abuso sistemático y falta de transparencia” en el uso del dinero. El congelamiento afectó no solo a Climate United Fund, sino también a otras organizaciones como Power Forward Communities y la Coalition for Green Capital.
El Departamento de Justicia, la Oficina del Inspector General de la EPA y el FBI estarían revisando posibles irregularidades, aunque hasta la fecha no se han presentado cargos penales ni pruebas concluyentes de malversación.
Respuesta judicial: las ONG contra el gobierno
El 8 de marzo de 2025, Climate United Fund presentó una demanda federal contra la EPA y Citibank, denunciando que la cancelación de los fondos violaba el Administrative Procedure Act, ya que los fondos habían sido adjudicados legalmente y parte de ellos ya estaban siendo utilizados en programas locales de energía limpia.
El caso recayó en el tribunal federal del Distrito de Columbia, bajo la jueza Tanya S. Chutkan. El 16 de abril, la magistrada emitió una medida cautelar que impide al gobierno revocar las subvenciones mientras el caso se resuelve, y ordenó a Citibank permitir el acceso a los fondos ya desembolsados para gastos administrativos y comunitarios.
Chutkan sostuvo que el gobierno no presentó pruebas suficientes de mala conducta financiera y que su decisión de revertir las adjudicaciones parecía “arbitraria y caprichosa”.
Consecuencias sociales y políticas
La congelación del financiamiento ha afectado decenas de proyectos en marcha en comunidades vulnerables de Arkansas, Oregon, Idaho, Alaska y otros estados. Se han paralizado iniciativas de climatización de viviendas, electrificación rural y creación de empleos verdes. Líderes comunitarios y funcionarios locales han advertido sobre el impacto social de estas decisiones, argumentando que el proceso judicial pone en peligro años de trabajo colaborativo y fondos ya invertidos.
Por su parte, la Casa Blanca ha defendido la revisión como un acto de responsabilidad fiscal y protección de los intereses del contribuyente. El presidente Trump ha acusado públicamente a los beneficiarios del fondo de formar parte de una “maquinaria clientelar demócrata”.
Un caso que puede marcar precedentes
Más allá de la confrontación política, el caso pone en juego cuestiones legales de fondo: ¿puede una administración federal revertir unilateralmente fondos asignados por ley y por agencias competentes? ¿Qué límites tiene el poder ejecutivo frente a decisiones tomadas por gobiernos anteriores? ¿Y hasta qué punto la administración pública puede depender de ONG sin historial fiscal previo?
La decisión final del tribunal podría sentar un precedente clave sobre el alcance del control administrativo y la continuidad institucional entre gobiernos de signo opuesto.
Fuentes
- Washington Post – Judge blocks Trump EPA from clawing back $14 billion in climate grants
- AP – EPA can’t end grants from $20 billion Biden-era fund
- Politico – FBI probe into climate fund freeze
- Fast Company – Climate funds frozen
- Inside Climate News – Legal action from nonprofit coalition
- Business Insider – How Trump’s EPA may harm clean housing
- EPA – Greenhouse Gas Reduction Fund official information
