EE.UU. evalúa ampliar su veto migratorio a 36 países adicionales

La administración Trump busca nuevas restricciones en nombre de la seguridad nacional

Evaluación de una expansión sin precedentes

El gobierno de Estados Unidos está considerando ampliar su lista de países sujetos a restricciones migratorias, sumando 36 nuevas naciones a las ya afectadas por la Proclamación 10949 del 4 de junio. Esta medida, revelada por un memorando interno del Departamento de Estado, representa una de las expansiones migratorias más agresivas desde que Donald Trump retomó la presidencia en 2025.

Objetivo de la medida

Según lo expuesto por el documento, firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, el objetivo es identificar a países que no cumplan con los estándares de seguridad exigidos por EE.UU. Esto incluye problemas como pasaportes inseguros, escasa cooperación en deportaciones, falta de control sobre los visados, y programas de ciudadanía por inversión sin requisitos de residencia.

¿Qué países estarían en la mira?

Entre los países señalados se encuentran 25 de África (incluidos Egipto, Nigeria, Sudán, Etiopía), varias naciones del Caribe como Dominica, Antigua y Barbuda, y otros como Uzbekistán, Papúa Nueva Guinea y Tonga. Estas naciones tienen un plazo de 60 días para presentar planes de mejora o podrían enfrentar sanciones migratorias, como la suspensión parcial o total de visados.

Criterios exigidos

El documento establece cinco áreas clave en las que los países deben demostrar progreso:

Seguridad y autenticidad de pasaportes.
Control de entrada y salida de viajeros.
Colaboración en deportaciones.
Ausencia de programas de ciudadanía por inversión sin controles adecuados.
Compromisos en contra de actividades consideradas antisemitas o antiestadounidenses.

Contexto político y legal

Esta iniciativa forma parte del endurecimiento general de la política migratoria del segundo mandato de Trump. En junio ya se habían impuesto restricciones a ciudadanos de 19 países. La política tiene antecedentes en el primer mandato del expresidente, cuando se implementaron vetos similares, luego respaldados por la Corte Suprema en 2018.

Reacciones internacionales y posibles consecuencias

La comunidad internacional ha reaccionado con cautela. Algunos gobiernos afectados han comenzado a emitir declaraciones de rechazo y están evaluando opciones diplomáticas. Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y representantes del Partido Demócrata acusan a la administración de implementar políticas discriminatorias y perjudiciales para millones de personas inocentes.

Desde el punto de vista legal, es probable que estas nuevas medidas enfrenten demandas judiciales, aunque el precedente de 2018 otorga a la Casa Blanca un margen de acción relativamente amplio.