Triplicarán las redadas laborales: EE.UU. endurece su ofensiva migratoria

Anuncio histórico de Tom Homan

Tom Homan, asesor presidencial y conocido como el “zar de la frontera”, anunció el 29 de abril que la administración de Donald Trump planea triplicar las redadas de inmigración en lugares de trabajo durante 2025, tras un incremento sostenido en los últimos meses. Según Homan, esta medida se debe a la “falta de cooperación” de ciertas jurisdicciones y busca llevar los operativos allí donde las autoridades locales se niegan a colaborar con ICE.

Operación Salvaguardia

Esta ofensiva forma parte de la denominada Operación Salvaguardia, un plan diseñado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para acelerar la identificación, detención y expulsión de migrantes indocumentados en áreas urbanas. La iniciativa, que había sido programada para iniciar el 21 de enero de 2025, había sufrido retrasos por filtraciones, pero su objetivo sigue siendo el mismo: intensificar drásticamente las detenciones en el país.

Objetivo: ciudades santuario

El refuerzo de operativos se enfocará en las llamadas “ciudades santuario”, jurisdicciones que limitan la cooperación con las autoridades federales en materia migratoria. Estas políticas incluyen la prohibición de uso de recursos locales para arrestos por ICE y la emisión de identificaciones municipales a indocumentados. La Casa Blanca también firmó dos órdenes ejecutivas para publicar un listado oficial de estos municipios y condados y condicionarles el acceso a fondos federales.

Cifras y alcance de las deportaciones

Desde el inicio de la presidencia de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional reporta que ya se han deportado más de 139.000 migrantes, una cifra que incluye detenciones en fronteras y puestos de control laborales. El incremento de las redadas en fábricas, estacionamientos y esquinas donde se concentran jornaleros refleja una estrategia que va más allá de los operativos tradicionales en centros de empleo registrados.

Críticas y reacciones

Organizaciones de derechos civiles, como la ACLU, han denunciado que estas medidas carecen de sustento legal y erosionan la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas de seguridad locales. Varias ciudades, entre ellas San Francisco e Illinois, ya presentaron demandas contra las órdenes ejecutivas, argumentando que el gobierno federal no puede condicionar fondos por la adopción de políticas de no colaboración.

Fuentes: